América Latina en el punto de mira: ¿Qué se ha de hacer?



En los últimos meses hemos sido testigos de violentas manifestaciones en varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, el único país de la región (aparte de Méjico) que forma parte de la OCDE, el club de los países ricos. Moisés Naim y Brian Winter publicaron recientemente un artículo muy bien razonado en Foreign Affairs (29 de octubre), titulado "Why Latin America Was Primed to Explode" (Por qué América Latina tenía que explotar), en el que sostienen fundadamente que, tras el auge de los productos básicos en la primera parte de la década anterior, el pasado reciente ha sido testigo de una fuerte desaceleración del crecimiento económico. "Con el telón de fondo del estancamiento de los salarios y el aumento del coste de la vida, indignidades como la desigualdad y la corrupción se han vuelto más difíciles de tolerar para muchas personas", argumentan de manera persuasiva. Presento aquí algunas reflexiones sobre el debate acerca del crecimiento económico y sus implicaciones para Latinoamérica.

¿Qué pasa con el crecimiento económico?
Los economistas –entre los que me cuento- han estudiado y debatido durante mucho tiempo sobre las fuentes del crecimiento económico y sus consecuencias. Arthur Lewis[1], el gran economista del desarrollo, observó que "la ventaja del crecimiento económico no es que la riqueza aumente la felicidad, sino que aumenta la gama de opciones humanas... Lo que justifica el crecimiento económico es que proporciona al hombre un mayor control sobre su entorno y, con ello, le da más libertad". Para una gran parte de la humanidad, los últimos siglos han supuesto una lucha inhumana por la subsistencia, caracterizada por períodos de hambruna, enfermedad y trabajo árduo e incesante. La elevada mortalidad infantil y expectativas de vida cruelmente cortas han sido una característica permanente de nuestra existencia. El crecimiento económico, dijo Lewis, "le permite escapar de esta servidumbre" y de las muchas otras amenazas que merman la calidad de vida. El crecimiento económico le permite a la mujer escapar de la pesadez de las tareas domésticas y otras labores agotadoras y la empodera para desarrollar muchas otras capacidades. El crecimiento, y el aumento de la producción que conlleva, junto con las innovaciones tecnológicas que lo acompañan, propician el ocio y abren un mundo de nuevas posibilidades. Hace posible que más personas se dediquen a otras actividades y que surjan nuevas ocupaciones, entre ellas la de médico, filósofo o poeta.

El crecimiento económico despierta nuestra consciencia de las necesidades de otros. A medida que las sociedades prosperan, se asignan más recursos a los grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, y a la formación y educación de los niños. En sociedades con poco o ningún crecimiento económico -una descripción bastante aproximada de lo que era el mundo antes de la revolución industrial- las demandas de un grupo de la sociedad sólo pueden satisfacerse imponiendo sacrificios a otros. Es un mundo de suma cero, con frecuencia caracterizado por luchas sociales. Según el historiador económico Angus Maddison, el PIB real per cápita creció en el mundo a una tasa media anual del 0,05 por ciento a lo largo de los 800 años previos a 1820, con apenas ligeras variaciones regionales. En los diez siglos anteriores fue igual a cero. A una tasa de crecimiento del 0,05 por ciento anual, una economía tarda 811 años en alcanzar una expansión del 50%. En otras palabras, ningún individuo llega a ver un crecimiento perceptible a lo largo de su vida. Sin crecimiento económico y sin la prosperidad que trae consigo, gobernar se convierte en una labor amarga. Al no ser posible satisfacer las legítimas aspiraciones de progreso material, el resultado es a menudo la represión política. Pero se trata de un callejón sin salida; con el tiempo, la falta de crecimiento llevará a la complacencia y la resignación, la sensación de que la "estabilidad" es el atributo primordial de la vida y que tiene poco sentido buscar oportunidades de progreso económico: simplemente no existen. Los políticos han llegado a comprender esto por propia experiencia: su deseo de promover el crecimiento económico está ligado a las oportunidades que brinda el aumento de los ingresos para su posterior redistribución y para adquirir legitimidad como gobernantes.

Lewis demostró una impresionante perspicacia respecto a algunos de los problemas potenciales asociados con un rápido crecimiento económico. Pensaba que el crecimiento económico tendía a venir unido a la desaparición de la familia extensa, la erosión de los sistemas sociales basados en el estatus y su sustitución por sistemas basados en el contrato, a la igualdad de oportunidades y a niveles elevados de movilidad social vertical. Todo ello, afirmaba, tenía el potencial de alterar las relaciones existentes e interactuar—a veces de manera impredecible—con problemáticas de clase, religión y autoridad política. El crecimiento, por tanto, no estaba exento de peligros; baste recordar el rápido crecimiento de Irán en las décadas de 1960 y 1970 y su metamorfosis en 1979 en una teocracia represiva gobernada por mulás corruptos. El crecimiento económico podía coexistir con un aumento de la desigualdad y, si no se controlaba, podía ejercer una presión cada vez mayor sobre el medio ambiente. En la Unión Soviética, el rápido crecimiento económico vino asociado a un tremendo deterioro de la calidad del medio ambiente. A ello se suma el que sus gobernantes no creían que los beneficios de aquel debieran ir ligados a la necesidad de mejorar el nivel de vida del ciudadano medio. Cuando se produjo su colapso, la Unión Soviética era un gigante militar con una población empobrecida, un caso clásico de "crecimiento empobrecedor".

Al tiempo que hacía hincapié en los abundantes beneficios de un crecimiento económico más rápido, Lewis aceptó la posibilidad de que el proceso de crecimiento pudiera tener sus costes "en términos sociales o espirituales" y que las sociedades debieran sopesar cuidadosamente, a la luz de sus circunstancias y valores particulares, los beneficios frente a los costes. Aunque se mostró firmemente partidario del crecimiento económico, comprendió que algunos pudieran tener una actitud ambivalente al respecto. Dijo: "exigimos la abolición de la pobreza, el analfabetismo y la enfermedad, pero nos aferramos desesperadamente a las creencias, los hábitos y los usos sociales que nos gustan, aun en los casos en que son la causa misma de la pobreza que deploramos". Al final, el lugar en que las sociedades se situasen en este debate dependería del valor que atribuyesen a la expansión del conocimiento, la igualdad de oportunidades, la mejora de la salud pública y el aumento de la esperanza de vida.

Lewis pensó que habría dos factores que desempeñarían un papel decisivo en la evolución del debate sobre los beneficios y los costes del crecimiento económico. En primer lugar, las fuerzas de la globalización estaban llevando a una expansión más rápida de las aspiraciones que de la producción económica. En segundo lugar, las tasas de mortalidad estaban disminuyendo a mayor velocidad que las tasas de natalidad. Un aumento progresivo de la brecha entre las aspiraciones y la producción podría ser peligroso y conducir a la inestabilidad política. A este respecto, uno podía ver el surgimiento de "variedades autóctonas de fascismo" -por ejemplo, los señores de la guerra y los "caudillos" latinoamericanos- o la llegada al poder de fanáticos religiosos. En cuanto al crecimiento de la población, la elevación del nivel de vida era necesaria para ponerle freno, constituyendo éste uno de los argumentos más poderosos en favor de un crecimiento económico más rápido, particularmente en el mundo en desarrollo.

Una dimensión moral
Medio siglo después, Benjamin Friedman, de la Universidad de Harvard, reexaminó los fundamentos del crecimiento económico en su libro de 2005 The Moral Consequences of Economic Growth (Las consecuencias morales del crecimiento económico). Si Lewis había centrado su atención en los beneficios del crecimiento económico, Friedman estaba muy interesado en las ramificaciones de la ausencia del mismo. Debido a la creciente preocupación por el impacto ambiental de un crecimiento económico rápido y los indeseables efectos secundarios de una industrialización y globalización aceleradas -entre ellos la erosión de la diversidad cultural- habíamos empezado a ver el crecimiento no sólo en términos de su capacidad para mejorar el nivel de vida, sino también en su dimensión moral. Todo el debate sobre el desarrollo sostenible tenía un claro fundamento moral, formulado en relación con nuestra responsabilidad hacia el bienestar de las generaciones futuras y su capacidad para mantener un nivel de vida relativamente similar. Sin embargo, para Friedman, era preciso que la ponderación de "los aspectos positivos materiales frente a los morales negativos " se viera respaldada por un examen más detenido de las formas en que el aumento de los niveles de vida configuraba "el carácter social, político y, en última instancia, moral de un pueblo". La idea central de su tesis es que el crecimiento económico "fomenta mayores oportunidades, la tolerancia de la diversidad, la movilidad social, y el compromiso con la justicia y la democracia", mientras que el estancamiento económico puede conducir a menudo a un retroceso en relación con estos nobles objetivos sociales. Además, esta tesis resultará válida incluso para países en etapas relativamente avanzadas de desarrollo, en los que ya se han hecho considerables progresos en su consecución. Friedman proporciona múltiples ejemplos históricos en apoyo de su tesis, principalmente de países con un elevado nivel de ingresos.

En cualquier caso, las evidencias en el mundo en desarrollo son aún más convincentes, pues allí son más frecuentes los episodios de estancamiento económico e inestabilidad, dado que las políticas e instituciones en estos países se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Cabe pensar en los violentos disturbios contra la población china en Indonesia tras el desplome de la moneda de ese país en 1998; los disturbios urbanos en Argentina a principios de 2002 cuando su sistema bancario implosionó como resultado del impago de la deuda; la caída del gobierno ruso en agosto de 1998, a raíz de un repentino desplome del rublo y la drástica contracción de la economía; por no hablar de las innumerables muertes prematuras en guerras civiles y otros conflictos en África, con el trasfondo de la caída o el estancamiento de los ingresos durante gran parte de la era post-colonial –todos estos ejemplos confirman el argumento. A ello se añade que el aumento del nivel de vida moldea las actitudes de la gente, ya que es más fácil ser abierto y tolerante cuando hay poco desempleo y la confianza en el futuro es alta.

A los gobiernos les resulta más fácil estructurar sus políticas en torno a la distribución más justa de unos ingresos en alza que tener que gestionar expectativas menguantes en lo que cada vez parece más un juego de suma cero. De hecho, tal vez sea la conciencia de este fenómeno el incentivo más poderoso para que las democracias funcionales se comprometan a aplicar políticas económicas sensatas que generen crecimiento económico. Y, al nivel del individuo, podría explicar por qué las sociedades prósperas valoran la frugalidad, el trabajo duro, la educación y la adquisición de conocimiento, así como un conjunto de comportamientos personales que refuerzan la clara conexión existente entre los valores morales y una mayor prosperidad. En contraste, es característico de los regímenes autoritarios preocuparse mucho menos por el vínculo entre crecimiento económico y aumento de la prosperidad y la apertura, la tolerancia y la equidad. En tales sociedades, gobernar no suele consistir en llevar la prosperidad al pueblo, sino más bien persigue otros fines, desde procurarse rentas hasta mantener las palancas del poder en manos de las élites gobernantes, pasando por la lealtad a alguna ideología obsoleta, como dejan bien claro los actuales Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, entre otros muchos países.

En consecuencia, Friedman plantea que el crecimiento económico se ha convertido en el principal motor de la estabilidad y el bienestar social. El crecimiento se ha vuelto un imperativo social y político en todas partes. En los países en desarrollo, porque es la locomotora de la reducción de la pobreza y de la mejora del nivel de vida; en los países ricos, porque vivimos en un mundo de crecientes expectativas en el que los valores de la sociedad de consumo y el materialismo han creado su propia lógica, irresistible y persuasiva, de acumulación sin fin, independientemente de que conduzca a una mayor felicidad o a la plenitud espiritual. La pregunta sin respuesta es si el crecimiento económico sin límites es compatible con los parámetros fundamentales que determinan la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta.[2]

¿Qué pasa con América Latina?

CorrupciónLas referencias a la corrupción y la desigualdad en Latinoamérica por parte de Naim y Winter están absolutamente justificadas. Hoy en día comprendemos mucho mejor sus consecuencias destructivas. La corrupción reduce los ingresos del gobierno, está asociada al crecimiento de la economía subterránea, desincentiva el desarrollo del sector privado, empeora la distribución de las rentas, aumenta la incertidumbre, reduce la legitimidad del gobierno ante la sociedad civil y la comunidad empresarial y conduce a otras formas de delincuencia; en definitiva, tiene consecuencias devastadoras para la prosperidad humana.[3] El indicador internacional de corrupción más utilizado es el Corruption Perceptions Index (CPI) de Transparencia Internacional, que se publica anualmente para 180 países. La siguiente tabla muestra los resultados del IPC más reciente, para los 10 países menos corruptos y varios países de América Latina. Uruguay y Chile son los países con mejores resultados de la región, muy por delante de Argentina, Brasil y Méjico, por no hablar de Venezuela. De hecho, Uruguay y Chile aventajan a 16 miembros de la Unión Europea, es decir, se sitúan en la mitad superior de sus 28 miembros. Hace una década, Chile compartía el primer lugar con Uruguay (23) y en 2003 era, sin duda, el país menos corrupto de Latinoamérica en el puesto 20, en comparación con Uruguay (33) y por delante de Japón, Francia y España. Los Indicadores de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial (The World Bank’s Worldwide Governance Indicators) confirman en términos generales este panorama. Es decir que Chile ha retrocedido ligeramente en la última década y media, posiblemente como un reflejo de los escándalos de financiación de las campañas políticas que han empañado la reputación y han puesto fin a la carrera de muchas figuras políticas. Sin embargo, tengo mis dudas de que la corrupción en Chile haya sido, por si sola, el detonante de las recientes manifestaciones multitudinarias y la destrucción de infraestructuras (por ejemplo, el metro) que las ha acompañado.

Desigualdad


En América Latina, un problema mucho más grave aún es la desigualdad. El sistema de medición más utilizado, el coeficiente de Gini, arroja resultados verdaderamente desastrosos para la región, al menos en comparación con la Unión Europea, la zona del mundo con el menor nivel de desigualdad. En el cuadro que figura a continuación se muestra el coeficiente de Gini de unos cuantos países de Latinoamérica y de varios miembros de la Unión Europea, entre ellos Noruega y Estados Unidos como puntos de referencia de utilidad. El valor medio del Gini para los países latinoamericanos que figuran en la lista es de 46,3, mientras que para los países europeos es de 31,1, una diferencia de 15 puntos porcentuales que resulta enorme para un coeficiente que, para el conjunto de los países del mundo de los que se dispone de datos, oscila entre 26 y 59. Es un dato cuando menos preocupante. El crecimiento económico hará disminuir la pobreza; hay una estrecha correspondencia entre el crecimiento del PIB per cápita y la mejora de la situación de los pobres. Pero no necesariamente reducirá la desigualdad de ingresos. De hecho, en algunos casos, según la etapa de desarrollo del país, puede incluso ampliarla.

Hay abundante evidencia empírica que sugiere que el aumento de la desigualdad genera también inestabilidad política, y no se trata de un hallazgo reciente. En un estudio pionero, Edward Muller (1988) dejó establecidas hace tiempo dos importantes conclusiones: primero, que las democracias con una distribución de ingresos muy desigual tenían una probabilidad mucho mayor de fractura que las que tenían una distribución de ingresos más igualitaria; segundo, que cuanto más tiempo estén establecidas las instituciones democráticas, mayor será la probabilidad de que se produzca una reducción gradual de la desigualdad de ingresos. Me atrevo a aventurar que la conexión entre desigualdad y caos político y fractura social se ha acentuado en las últimas décadas debido a la evolución de las tecnologías de la comunicación. La disparidad de ingresos es mucho más patente (y desalentadora) que hace tres décadas. Mi colega Branko Milanovic ha constatado que el 62 por ciento del incremento de los ingresos en el mundo durante los últimos 30 años se ha concentrado en la franja del 5 por ciento superior en la distribución de ingresos, algo que la gente puede ver y se le recuerda cada día. De modo que cuanto antes se enfrenten los gobiernos de la región al grave problema de la desigualdad, mayor será la probabilidad de que ésta no se vuelva ingobernable.


Pobreza

Se ha hablado mucho de la pronunciada reducción de los niveles de pobreza extrema registrada en el mundo durante los últimos 30 años. Los datos más recientes del Banco Mundial muestran que alrededor de 760 millones de personas viven con menos de 1,90 dólares al día, el extremadamente austero umbral de pobreza del Banco. La reducción de las cifras hasta este nivel (a partir de unos 2.000 millones en 1990) se debe en gran parte a las elevadas tasas de crecimiento económico de China y, en mucho menor medida, de la India. Considerando un umbral de pobreza de 3,20 dólares diarios, el número de pobres en la actualidad asciende a cerca de 2.000 millones, una cifra aun inaceptablemente alta. Veo con simpatía la idea de utilizar algo así como un umbral de pobreza de 5,50 dólares diarios que, según la economista estadounidense Nancy Birdsall, todavía deja a la gente pasando apuros para llegar a fin de mes. Con este umbral de pobreza, el número de pobres en el mundo se dispara a 3.500 millones de personas, equivalente al 46 por ciento de la población mundial, de los cuales 170 millones viven en América Latina. Es decir que seguimos teniendo un problema de pobreza sin resolver. Y como, parafraseando a Lewis, las aspiraciones están creciendo mucho más rápido que los ingresos, este se convierte en otro de los problemas enquistados de la región, que a su vez interactúa de manera tóxica con la desigualdad de ingresos.

Soluciones

Hasta aquí el diagnóstico. Pasaré ahora a ofrecer algunas posibles soluciones:

Tomarse en serio la desigualdad. Hace falta que los gobiernos actúen de manera más agresiva para reducir la desigualdad de ingresos. Ello requerirá un uso más proactivo de las políticas tributarias, y del presupuesto como instrumento de distribución. Esto es lo que los miembros de la UE han venido haciendo durante las últimas décadas, de forma claramente deliberada. Por supuesto, es más fácil hacerlo cuando se trata de gobiernos creíbles y los ciudadanos y la comunidad empresarial están convencidos de que no van a pagar impuestos más altos para que alguien los robe o se desperdicien de cualquier otro modo, sino que se traducirán en mejores escuelas, infraestructuras de mayor calidad, mejores servicios de salud pública, etc. La UE tiene un mecanismo formal, incorporado en la legislación comunitaria, que canaliza recursos de los miembros con mayores ingresos hacia los de ingresos inferiores a la media. Estos recursos se canalizan a través del presupuesto de la UE y han tenido enormes repercusiones para los miembros más pobres. Cuando España y Portugal ingresaron en la UE en 1986, eran "pobres" en relación con los miembros más establecidos, y empezaron a recibir anualmente cerca del 5 por ciento del PIB como fondos "estructurales", además de otras entradas que, en el transcurso de una generación, transformaron literalmente y ayudaron a modernizar las economías española y portuguesa. América Latina, lamentablemente, no cuenta con un programa tan ambicioso de integración económica y política, y ha pagado un alto precio por no crear un espacio económico integrado que pueda conducir a economías de escala y a una mayor eficiencia (me referiré a ello más adelante).

Mejorar la estructura del gasto público. Es necesario que se utilice mejor aquello que se recaude. Los problemas en este sentido son múltiples e insidiosos. En algunos países se gasta demasiado en subvenciones públicas improductivas que, en el caso de la energía, redundan fundamentalmente en beneficio de los sectores con ingresos más altos, quienes circulan con sus coches por ciudades contaminadas y son dueños de las casas más grandes. Subvencionar la energía empeora la distribución de ingresos y acelera el cambio climático; en realidad, es una política pública absurda, que se aplica alegremente en muchos países de la región con enormes costes de oportunidad en términos de escuelas que quedan sin construir, hospitales sin modernizar o pensiones de vejez sin subir a niveles más dignos. Otros países se han atado las manos de manera insensata, al incorporar en sus leyes diversas restricciones (a veces aparentemente bienintencionadas) a la estructura del gasto, leyes que limitan seriamente la capacidad de los gobiernos para reorientar los recursos hacia áreas que favorezcan más la productividad, en lugar de, por ejemplo, otorgar generosas pensiones a los militares, que, en muchos países, pueden jubilarse a una edad inusualmente temprana, considerando la esperanza de vida media. Los países latinoamericanos gastan anualmente 64.000 millones de dólares en sus diversas instalaciones militares, siendo ésta una región del mundo en la que el último gran conflicto interestatal tuvo lugar hace más de 80 años: la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en los años treinta. El FMI llama a los gastos militares "gastos improductivos", a fin de resaltar que, como es sabido, hay poco que ganar, por ejemplo, con la modernización de la fuerza aérea, cuando en realidad los aviones apenas se utilizan, salvo para impresionar ocasionalmente a la población el día de la independencia nacional con sus correspondientes desfiles militares. Más países deberían imitar a Costa Rica, donde el gasto militar es cero y el gobierno se ha centrado en cambio en el desarrollo del capital humano y, sí, en tener una fuerza policial bien entrenada para hacer cumplir la ley, frenar la delincuencia y garantizar un nivel adecuado de seguridad dentro de las fronteras nacionales.

Más estado de derecho. En Latinoamérica tenemos una comprensión errónea de este concepto. En distintos momentos y para diferentes personas, "estado de derecho" ha significado una diversidad de cosas, entre ellas que haya un gobierno sujeto a la ley, la igualdad ante la ley, la ley y el orden, la presencia de un sistema de justicia de eficacia predecible, o la existencia de un Estado que salvaguarde los derechos humanos. Hay quienes han argumentado que el concepto está vinculado a las nociones de libertad y democracia, lo que necesariamente conlleva restricciones al poder del Estado y garantías de libertades básicas para los ciudadanos, como la libertad de expresión y de asociación. Desde este punto de vista, el estado de derecho tiene elementos de moralidad política y es en gran medida la base de una sociedad justa. Es ciertamente inseparable de la moral que sustenta la democracia contemporánea, con su énfasis en la protección de los derechos individuales, entre los que se encuentran los de libertad de expresión, derecho al voto y derecho a la propiedad privada. En América Latina, sin embargo, nuestros políticos han adoptado en general una concepción mucho más estrecha. En lugar de preguntarnos a nosotros mismos si las leyes son de aplicación general, si son conocidas por las partes afectadas, son comprensibles, no tienen contradicciones internas, no se aplican retroactivamente, no son objeto de cambios frecuentes y arbitrarios, etc., hemos interpretado el Estado de Derecho más que como el imperio de la ley, como gobernar por la ley, lo que supone que no hay presunción de subordinación del gobierno a la ley, la cual se considera un vehículo no para limitar su poder, sino para servir a sus propósitos. A esto se refieren algunos autoritarios cuando hablan de "dictadura de la ley", es decir, que el gobierno puede hacer lo que le plazca. Es posible que la gente de la región, particularmente los jóvenes, no puedan formular estas distinciones con precisión, pero reconocen inmediatamente el abuso cuando lo ven (por ejemplo, unas elecciones amañadas) y ya no están dispuestos a tolerarlo. Salir a las calles para recordar a los políticos que insultar la inteligencia de la gente no es una receta para el buen gobierno será una herramienta cada vez más frecuente para promover el cambio social y político.

Empoderar a las mujeres. Esto puede sorprender a algunos, pero el hecho es que, en la región, pese a no ser la peor del mundo por el tratamiento de las mujeres como ciudadanas de segunda clase, sigue prevaleciendo una cultura dominada por los hombres en la que queda mucho por hacer en cuanto al empoderamiento político y económico de las mujeres. En Brasil, el país más grande de la región, con una población superior a los 200 millones de habitantes, sólo el 15 por ciento de los miembros del parlamento son mujeres. La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa es, asimismo, lamentablemente pequeña. No se trata sólo de una cuestión de justicia y oportunidad, sino también de eficiencia económica, ya que existen pruebas empíricas abrumadoras de que la educación y el empoderamiento de las mujeres reportan múltiples beneficios en materia de productividad y crecimiento económico.

Hacer frente a la corrupción. No voy a repasar aquí las consecuencias absolutamente destructivas de la corrupción, ya que existe abundante literatura sobre el tema. Pero es evidente que en la región hay un profundo descontento con esta forma particularmente letal de cáncer económico y social. En su magnífico libro sobre el soborno y la corrupción, John Noonan (1984) dijo que el daño infligido por la corrupción "va más allá de lo que se puede medir materialmente. Cuando los funcionarios gubernamentales procuran su enriquecimiento personal, van en contra del tejido del que dependen, pues ¿qué otra cosa sustenta a un gobierno sino la expectativa de que los que son elegidos para actuar en pro del bienestar público sirvan a ese bienestar"? Por otra parte, el soborno y la corrupción entran en profunda contradicción con la base moral de la mayoría de las grandes religiones del mundo, que son las que a menudo han proporcionado los fundamentos morales del Estado moderno. Las estrategias de lucha contra la corrupción deben verse respaldadas por la educación moral y el fortalecimiento de los principios éticos que sustentan la sociedad. Esto podría entrañar el reforzamiento del componente de responsabilidad cívica de la educación secular. Tal vez requiera que los dirigentes religiosos dejen de lado estrechas diferencias doctrinales y se vuelvan hacia las raíces espirituales de sus respectivos credos para revitalizar su capacidad de guiar a los individuos y las sociedades hacia una identificación mayor con la dimensión espiritual y no tanto con la dimensión material de la naturaleza humana. En particular, esto exigirá la colaboración con todas las organizaciones y fuerzas sociales que tengan firmes fundamentos éticos. En una sociedad con normas éticas sólidas, los esfuerzos contra la corrupción encontrarán otra fuente de fortaleza que complementará los progresos realizados en los últimos años en la mejora del marco jurídico concebido para combatir el soborno y la corrupción.

Una idea nueva para revitalizar América Latina. Con el telón de fondo del caos y la destrucción provocados por la Segunda Guerra Mundial, las naciones de Europa se unieron y fundaron la Comunidad Europea en 1957. Inicialmente destinada a fortalecer la cooperación internacional y crear un espacio económico ampliado, libre de restricciones al flujo de bienes y servicios, con el tiempo la CE evolucionó hasta convertirse en el experimento más importante de integración económica y política, y dio lugar al mayor bloque comercial del mundo. El proceso no ha sido fácil y los avances en algunos ámbitos han ido seguidos a veces de retrocesos en otros. Pero no cabe duda de que, desde una perspectiva a largo plazo, el experimento ha tenido un éxito notable; 15 de los 30 países del mundo con la renta per cápita más alta son miembros de la Unión Europea. Latinoamérica se beneficiaría enormemente de una mayor integración económica, de una mayor movilidad de los factores de producción, de la creación de un espacio económico ampliado en el que se pudieran aprovechar las sinergias y complementariedades para mejorar la productividad y la eficiencia, en lugar de ser un conjunto caótico de Estados soberanos que compiten entre sí y a menudo actúan con propósitos encontrados. La UE evolucionó gradualmente; su primera década se caracterizó principalmente por la eliminación gradual de los aranceles al comercio intracomunitario. Habrían de pasar décadas hasta la aparición de instituciones supranacionales, como por ejemplo, un parlamento que aprobara leyes de la UE vinculantes para sus miembros. Pero la idea de una Europa unida era una poderosa fuerza de cohesión y, para los candidatos a la adhesión (por ejemplo, los países de Europa Central y Oriental a finales de los ochenta tras la caída del Muro de Berlín y posteriormente) sirvió de catalizador eficaz para el cambio y la modernización y, como se ha señalado anteriormente en nuestro debate sobre la desigualdad, fue un poderoso mecanismo de "convergencia", es decir, de reducción de la diferencia de ingresos entre países.

Sin una nueva visión de un resurgimiento económico que genere ilusión, la región probablemente continuará siendo presa del malestar al que aluden Naim y Winter. Esto será malo para los 641 millones de ciudadanos de Latinoamérica y también, en un mundo cada vez más interdependiente, malo para el resto del mundo.



[1] Sir Arthur Lewis fue galardonado con el premio Nobel de Economía en 1979 "por sus investigaciones pioneras en el campo de la investigación del desarrollo económico con especial consideración a los problemas de los países en desarrollo.”

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