Friday, July 13, 2018

La verdad cojea mientras la falsedad vuela


Vivimos en una época en que a veces parece imposible distinguir la verdad y la falsedad y ambas pueden propagarse a la velocidad de la luz.1 Pueden también verse amplificadas un millón de veces en la caja de resonancia global creada por internet y el uso de las redes sociales. Esto es a un tiempo una bendición y una maldición: una bendición cuando el flujo de información lleva consigo conocimientos que tienen la capacidad de mejorar la vida de las personas, elevar el espíritu humano, transmitir verdad y belleza; una maldición cuando se emplea para difundir falsedades, avivar el odio y la división, o llevar a cabo venganzas personales.

Según cuál de estas tendencias prevalezca, viviremos o bien en un mundo de hechos objetivos en el que los gobiernos, el mundo empresarial y la sociedad civil pueden interactuar entre sí sobre la base de un cuerpo comúnmente acordado de conocimiento y verdad,  o nos deslizaremos hacia un mundo de ficción, una realidad alternativa hecha de fantasías, donde se hace un uso indebido de las tecnologías de la información con fines perversos, ya sea para favorecer las inclinaciones represivas del estado en muchos rincones del mundo o, más prosaicamente, para esparcir, sin más, mentiras sobre un compañero de trabajo, un vecino o el cónyuge del que uno se ha separado.

Lo que está en juego, en realidad, trasciende lo puramente personal. Tiene relevancia para el futuro que queremos para la democracia. Pues la base de la democracia es, sin duda, la legitimidad, que a su vez se erige sobre cimientos de transparencia, responsabilidad y el imperio de la ley, los cuales descansan sobre el respeto escrupuloso por la verdad y los hechos. Son estas cuestiones que hemos de abordar si no queremos vernos inmersos en una niebla de falsedades, y encontrarnos viviendo en un mundo en el que la búsqueda de la justicia y la verdad se perciban —parafraseando a Jonathan Schell— como espejismos que son de interés solo para los bienintencionados, ilusiones de quienes se niegan a hacer frente a la “cruda realidad” de la vida contemporánea. Y, naturalmente, es relevante también para la prosperidad humana, la lucha contra la pobreza y muchas de las nobles aspiraciones que motivan a la gran mayoría de mis compañeros en el Banco Mundial y que fundamentalmente tienen que ver con “equipar a las personas e instituciones con los medios mediante los que pueden alcanzar el verdadero propósito del desarrollo; es decir, poner los cimientos de un nuevo orden social que pueda cultivar las potencialidades ilimitadas latentes en la conciencia humana”.

Como muchos sabéis, hace seis meses fui acusado de ser el responsable de un intento dentro del Banco Mundial de manipular los datos de Chile para una de las publicaciones insignia del Banco, el informe Doing Business. Se alegó que me impulsaban motivaciones políticas y que quería inmiscuirnos a mí y a la organización para la que trabajo en los asuntos internos de otro país. Aunque se trataba de una acusación extravagante, respondí inmediatamente  y tengo la satisfacción de compartir ahora con vosotros los resultados de la auditoría independiente encargada por el Banco Mundial que se ha hecho pública hoy. La verdad llega cojeando por detrás, pero tal vez haya alguna posibilidad de que permanezca en el lugar por mucho tiempo, después de que la falsedad haya huido.

WASHINGTON –11 de Julio, 2018 – El Banco Mundial ha emitido hoy un comunicado con relación a un funcionario:
“En relación con el comunicado del Banco Mundial del 18 de enero respecto a Augusto López Claros, miembro muy apreciado de la plantilla del Banco Mundial, hemos recibido ya el informe final de la auditoría independiente sobre los indicadores Ease of Doing Business (Facilidad para hacer negocios). La auditoría muestra claramente que el Sr. López-Claros y todos los demás empleados de Doing Business actuaron con integridad y profesionalidad. Demuestra también que cualesquiera alegaciones en sentido contrario, reproducidas en los medios, carecen por completo de base o fundamento. Es del todo lamentable que el comportamiento ético de un empleado que goza de tan alta consideración haya sido cuestionado en estas circunstancias, y nos congratulamos de que la auditoría haya demostrado la realidad de los hechos de forma clara e inequívoca.”
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1 Jonathan Swift escribió: “La falsedad vuela, y la verdad viene cojeando por detrás, de suerte que cuando los hombres llegan a salir del engaño, ya es demasiado tarde; la mofa ha concluido, y el relato ha hecho su efecto; es como un (…)  médico que hubiera encontrado una medicina infalible, una vez que el paciente ya está muerto”.

Thursday, April 12, 2018

Cómo interpretar la creciente volatilidad de los mercados financieros

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Imagen de un dólar estadounidense. Mark Wilson/Getty Images

La recuperación económica sostenible pasa por gobiernos dispuestos a emprender reformas que pueden impulsar la competitividad y el crecimiento.

La reciente volatilidad de los mercados de valores ha suscitado preguntas sobre sus causas y sus consecuencias para los precios de los activos y el crecimiento económico. Con la crisis financiera mundial de 2008 muy presente, los inversores y la gente en general quieren saber si estas correcciones son simplemente parte del proceso de normalización de la economía global tras un periodo prolongado de tipos de interés especialmente bajos o si pueden ser síntomas de una tendencia más preocupante e indicativas de otras debilidades de la economía. En este artículo argumento que, además de los retos creados por la crisis financiera y el consiguiente y rápido aumento del endeudamiento público en Estados Unidos y otras economías avanzadas, los responsables se enfrentan a una serie de problemas a medio plazo derivados del envejecimiento de la población y el probable efecto fiscal del cambio climático, y que es necesario hacer mucho más para establecer una base más sólida que favorezca un crecimiento económico sostenible.

Un aspecto que preocupa es la situación actual de la política fiscal en EE UU. Desde la Segunda Guerra Mundial, la política fiscal ha sido durante mucho tiempo anticíclica, es decir, el Gobierno desempeñaba un papel estabilizador y proporcionaba estímulos cuando la demanda privada era débil, como sucedió durante la crisis de 2008. Entonces se aplicaron estímulos fiscales en todo el mundo y el resultado fue un marcado incremento de los déficits nacionales en los años inmediatamente posteriores. A medida que las economías iniciaron un periodo de recuperación gradual, los déficits disminuyeron. En los últimos meses, el Ejecutivo estadounidense ha aprobado grandes recortes de impuestos y aumentos del gasto público, en un momento en el que el desempleo está en su nivel más bajo desde hace más de 10 años (4,1%) y las perspectivas de crecimiento parecen positivas. Estas medidas han suscitado preguntas sobre la idoneidad de los estímulos fiscales como instrumento político, teniendo en cuenta que el endeudamiento público de EE UU está en su máximo nivel desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los enormes costes de las intervenciones realizadas en 2008 y 2009.

En Estados Unidos hay otros motivos de preocupación. Como es preciso financiar los déficits presupuestarios, en los próximos años saldrá un buen volumen de bonos del tesoro al mercado. El tesoro de EE UU, en concreto, necesitará financiar un déficit de 1 billón de dólares durante el próximo año. Además, las autoridades monetarias ya han empezado a reducir sus balances financieros, que crecieron a toda velocidad como consecuencia de las políticas poco ortodoxas que se vieron obligados a aplicar —como la flexibilización cuantitativa— para afrontar los estragos de la crisis. De hecho, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra están igualmente dedicados a revocar los estímulos de la época de la crisis y cambiar su papel de niñeras de los mercados financieros —con la provisión de unas condiciones económicas increíblemente cómodas tras la crisis— por otro más tradicional de guardianes encargados de mantener una inflación baja.

A medida que los tipos de interés suben en Europa, es probable que la deuda de EE UU sea comparativamente menos atractiva. El efecto se verá reforzado por la debilidad del dólar frente al euro y otras monedas. Este es un dato importante, porque la financiación del déficit presupuestario estadounidense depende en gran medida de los extranjeros, en cuyas manos se encuentra aproximadamente la mitad de la deuda de Estados Unidos. En vista de ello, no es extraño que los tipos de interés hayan aumentado en los meses recientes, una subida que ha llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a su máximo nivel de los últimos cuatro. Este aumento de los costes del endeudamiento complica aún más las perspectivas fiscales. Otros riesgos geopolíticos —guerras comerciales y distintos sustos en materia de seguridad— pueden intensificar la sensación de peligro y hacer que los tipos de interés suban todavía más.

Ahora bien, para el periodo que se avecina, existe una inquietud mayor que la volatilidad de los mercados financieros por el aumento gradual de los tipos de interés y que el hecho de que los bancos centrales sean menos complacientes que en años anteriores. Lo preocupante de verdad son las presiones fiscales que se prevén para los próximos años y para las que están mal preparadas unas economías muy endeudadas.

La deuda pública de muchos países se encuentra hoy en unos niveles que no se veían desde mediados de los años 40. Lo malo de que haya un gran endeudamiento público en un contexto de subida de los tipos de interés es que obliga a los gobiernos a hacer sacrificios dolorosos. Con unos recursos públicos escasos, el dinero que podría dedicarse a áreas capaces de contribuir a mejorar la competitividad tiene que destinarse cada vez más a pagar la deuda. En lugar de preocuparse por las reformas necesarias para impulsar la productividad, los gobiernos tienden a prestar más atención a la dinámica de la deuda, la psicología del mercado, las calificaciones de crédito y de dónde va a salir el dinero para hacer frente a la próxima crisis.

Desgraciadamente, en los próximos años van a aparecer obstáculos de diversos tipos que seguramente ejercerán enormes presiones sobre las finanzas públicas de los países de todo el mundo. Para empezar, mientras que la dinámica demográfica favorable de los años 50 y 60 supuso un gran incremento de la población en edad laboral, hoy, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad hacen que nos enfrentemos al problema de una población envejecida. Se prevé que el coste de las pensiones, la sanidad y otras prestaciones sociales se dispare durante las próximas décadas. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 1946 y 1964 nacieron 78 millones de personas (los baby boomers), que empezaron a jubilarse en 2011. En Francia y Alemania, se prevé que el gasto en jubilaciones y sanidad esté en 2050 muy por encima del 17% del PIB registrado en el 2000. Y esto no solo pasa en los países industriales ricos, porque el envejecimiento de la población también es un problema en muchos de los principales países emergentes. En los próximos años sufriremos presiones fiscales inéditas que agravarán enormemente las cargas presupuestarias y minarán la capacidad de los gobiernos de “salir del endeudamiento”. Además, los gobiernos suelen ser reacios a implantar las reformas necesarias para suavizar esas presiones fiscales. Por ejemplo, subir la edad de jubilación puede ser una forma muy eficaz de situar las finanzas públicas en un rumbo más sostenible, pero es una política que suele ser políticamente difícil de aplicar.

Por otra parte, el cambio climático va a tener un papel importante en los próximos años. Es muy posible que, para protegernos de la subida del nivel de los mares, sean necesarias grandes inversiones en diques y otras infraestructuras similares, y la sequía creciente en muchas regiones requerirá inversiones en redes de irrigación otras maneras de afrontar la escasez de agua. En algunos casos, quizá haya que trasladar a poblaciones enteras que no puedan seguir viviendo en zonas al nivel del mar; en la actualidad, en todo el mundo, aproximadamente 1.200 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros de una costa. La aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos extremos —como los que se produjeron en Estados Unidos y el Caribe en 2017— también necesitará unas partidas presupuestarias que son, por definición, difíciles de planificar. Y, dado que las catástrofes provocadas por la meteorología pueden frenar el crecimiento económico, los ingresos del Estado sufrirán y, por consiguiente, se agravarán los déficits presupuestarios.

El peligro es que los mercados no esperen a que un gobierno sea insolvente para subir considerablemente los costes del endeudamiento. En 2010 vimos lo sistemáticamente desestabilizadora que puede ser la perspectiva del impago incluso para países pequeños como Grecia y cómo la pérdida de confianza en la capacidad de endeudamiento de un país puede —mediante la subida de las primas de riesgo— disminuir drásticamente el margen de maniobra del gobierno en el terreno fiscal. Lo malo es que puede haber un momento en el que las consecuencias fiscales del cambio climático y del envejecimiento de la población tengan un efecto muy desestabilizador en los mercados financieros y empeoren aún más una situación fiscal ya de por sí difícil.

La recuperación económica sostenible —fundamental para abordar el problema de la deuda— solo será posible cuando los gobiernos lleven a cabo reformas que ayuden a eliminar las barreras del lado de la oferta que tradicionalmente han frenado la competitividad y el crecimiento. Debemos dejar de depender de la generosidad de los bancos centrales y abordar con valentía las precarias perspectivas fiscales.

La versión original y en inglés se ha publicado en Georgetown Journal of International Affairs. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Saturday, January 13, 2018

El Nacionalismo Como Enfermedad Infantil

A mediados de los 80, yo era un joven economista del Fondo Monetario Internacional que trabajaba en el equipo económico del FMI para España. Varios de nosotros viajábamos periódicamente a Madrid para celebrar consultas con el gobierno sobre sus políticas económicas, preparar informes que identificaran los principales desafíos económicos a los que se enfrentaban las autoridades y estudiar en detalle lo que se estaba haciendo para hacerles frente. Los primeros años de esa década no habían sido un período fácil para España. Sectores importantes de la economía, como el acero o la construcción naval, estaban en crisis, a consecuencia de la aparición de competidores que producían a bajo costo en otras partes del mundo. El crecimiento económico había sido anémico y la tasa de desempleo era una de las más elevadas de Europa. En la época en que me incorporé al equipo español en 1985 estaba en marcha un programa muy serio de reformas económicas que pretendían preparar a la economía española para su próxima entrada en la Comunidad Europea, tal como entonces se llamaba. Lo que más me impresionó durante estas visitas fue hasta qué punto la perspectiva de la entrada en la UE estaba obligando al gobierno a ampliar las miras en sus políticas económicas, yendo más allá de cuestiones de estabilidad macroeconómica para abordar toda la gama de reformas sectoriales e institucionales, cuyo objetivo parecía ser la modernización integral de la economía española. Recuerdo en particular reformas orientadas a liberalizar la entrada de inversión extranjera directa para facilitar la integración de la economía española con el resto de Europa y, en realidad, del mundo. Comprendí entonces que, si se hacía bien, esto podría conducir no sólo a una entrada masiva de capital no generador de deuda, sino además a la llegada de recursos cualificados que transformarían el envejecido tejido productivo del país. Viniendo de Latinoamérica, por entonces en medio de una terrible crisis de deuda externa que había dado lugar a una década perdida de crecimiento económico prácticamente nulo, recuerdo haber pensado cuán afortunados eran los españoles: iban a convertirse en parte de un club de países ricos firmemente comprometidos con los principios democráticos y dispuestos a ayudarles a hacer esa transición con éxito.

España ingresó en la UE el 1 de enero de 1986 y a lo largo de las dos siguientes décadas fue una de las economías más pujantes de Europa. En los años posteriores a su entrada en la UE España recibió un flujo masivo de capital extranjero, gracias al interés de empresas extranjeras por beneficiarse de los bajos costes laborales en España, así como del acceso libre al vasto mercado europeo. Además de esto, fue destinataria de transferencias cuantiosas y generosas del presupuesto de la UE para financiar el desarrollo de las regiones, incluyendo la modernización de la entonces decrépita infraestructura física del país. Huelga decir que estas transformaciones afectaron, en mayor o menor medida, a todas las regiones del país, entre ellas, por supuesto, Cataluña. Implícito en todo ello se hallaba el ejercicio de un importante principio incorporado en el derecho de la UE: los estados miembros más ricos transfieren recursos a los más pobres como parte de un proceso de reducción de la brecha de ingresos entre países, algo que trajo como resultado una reducción significativa de la desigualdad intranacional en la UE.

Para finales de los 90 yo ya había dejado el FMI, pero aún seguía los acontecimientos en España con profundo interés y tuve ocasión de visitar el país y sus muchas y bellas regiones en múltiples ocasiones. Para mí la principal lección a extraer del ingreso en Europa era más política y psicológica que económica. Era la idea de que la pertenencia de España a la UE magnificó su influencia internacional, trajo como resultado una mejora sustancial en eficiencia y estaba conduciendo gradualmente a un cambio en el marco mental y los reflejos psicológicos de la gente; el gobierno de Madrid y amplios sectores de la población española parecían estar cada vez más cómodos con la idea de que su país estaba firmemente integrado en las tradiciones democráticas de sus socios de la UE, entre ellas el respeto por el estado de derecho y un incipiente sentido de ciudadanía europea como forma primaria de identificación.

Albert Einstein, a quien desagradaban de manera visceral los arraigados nacionalismos que habían causado tanto daño durante el siglo XX, dijo una vez que el nacionalismo era una “enfermedad infantil”, “el sarampión de la humanidad.” Era algo indeseable y fundamentalmente una señal de inmadurez. Coincidía con Isaiah Berlin, quien creía que era “una fase pasajera debida a la exacerbación de la conciencia nacional contenida y reprimida a la fuerza por líderes despóticos” y que cual “inflamación patológica” remitiría con el tiempo a medida que la opresión que la había provocado inicialmente desapareciera. En mis múltiples visitas a Barcelona a lo largo de los años percibí a menudo la incongruencia esencial de los anhelos de “independencia” en ciertos sectores de la población, en una época en que la región era en gran medida parte del proyecto más ambicioso e imaginativo de integración política y económica del mundo: la Unión Europea. Tras haberse beneficiado de la generosidad de los contribuyentes alemanes, suecos y de otros países ricos, que habían ayudado a convertir Cataluña en un rincón dinámico de la economía española, esas mismas personas se lamentaban de que, en un reflejo de su prosperidad recién adquirida, estuvieran contribuyendo recursos presupuestarios a algunas de las regiones más pobres de España. Pero, más importante aún, tenía la sensación de que quienes propugnaban la separación de España y convertirse en una república independiente padecían un indebidamente acentuado victimismo, la idea de que los intereses de la región, para parafrasear a Berlin, deben elevarse a la categoría de valor supremo “ante el que toda otra consideración debe someterse en todo momento.” No podía evitar pensar: ¡en qué siglo viven estas personas!

El psicólogo Erich Fromm se refirió al nacionalismo como una forma de incesto, idolatría y demencia. Bertrand Russell, que consideraba el nacionalismo una manifestación del instinto gregario, escribió en una ocasión:

“Resulta bastante extraño que el énfasis sobre los méritos de la propia nación se considere una virtud. ¿Qué habríamos de pensar de un individuo que proclamara: ‘Soy superior moral e intelectualmente a todos los demás individuos y, a causa de esta superioridad, tengo derecho a ignorar todos los intereses que no sean los míos propios?’ Hay sin duda multitud de personas que piensan así, pero si proclaman su parecer de manera demasiado abierta y lo traducen en actos de forma demasiado flagrante, se piensa mal de ellos. Sin embargo, cuando cierto número de individuos de este tipo que constituyen la población de una zona, realizan colectivamente tal declaración sobre sí mismos, se les considera nobles, extraordinarios y valerosos. Se erigen estatuas entre ellos y enseñan a los escolares a admirar a los más desvergonzados defensores de la arrogancia nacional.”

El nacionalismo morirá gradualmente por cuanto en los años venideros, confrontados con una serie de graves problemas globales, desde el cambio climático a la proliferación nuclear, la pobreza y la desigualdad, nos veremos obligados a fortalecer nuestros mecanismos de cooperación internacional y aprender a pensar, en un mundo cada vez más interdependiente, en los intereses del mundo entero, no los de una u otra nación o región en particular. La capacidad que demostremos para hallar soluciones a estos problemas se basará en una aceptación creciente de la unicidad de la humanidad, de nuestra voluntad de reunirnos para actuar con unidad de propósito. Es elección nuestra ser parte de este proceso inevitable de integración económica y política a escala global, o suspirar en vano por un mundo de lealtades limitadas que está desapareciendo con rapidez. Con suerte, más pronto que tarde nuestros hermanos y hermanas catalanes tendrán que despertar a este hecho.
(Traducido del ingles por Manuel Melgarejo)

Friday, June 12, 2015

Los impulsores de la desigualdad

La compleja relación entre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos.

FotoliaEl premio Nobel de Economía Simon Kuznets en los 50 fue quien señaló que al menos dos fuerzas tendían a aumentar la desigualdad a lo largo del tiempo. Una de ellas era la concentración del ahorro en los grupos de ingresos altos; Kuznets observó que en Estados Unidos el 5% más rico de la población era responsable de casi dos tercios de los ahorros totales.

Un segundo factor, que ha sido una característica universal del desarrollo a lo largo del siglo pasado, fue el alejamiento gradual de la agricultura. Entre 1991 y 2001, por ejemplo, más de 8 millones de personas abandonaron este sector en India. Entre 1965 y 2000 la proporción de la mano de obra empleada en la agricultura cayó del 49% al 21% en Brasil, del 26% al 5% en Japón, del 55% al 11% en Corea, del 81% al 47% en China, y disminuyó hasta el 2% en Estados Unidos.

A medida que la población se trasladaba de los pueblos a las ciudades, de la agricultura a la industria, pasaba de un sector de baja productividad a otro de mayor productividad y eso acentuaba la disparidad de ingresos. Los ingresos tendían a estar más igualados en la agricultura, pero a medida que la gente se mudaba a las urbes la consecuencia era que la proporción de la población en la que los ingresos eran más desiguales se incrementaba.

Confluían además otros factores, entre ellos algunos que ejercían una influencia en la dirección opuesta. Uno era el creciente papel del gobierno y la aplicación de políticas destinadas a reducir las disparidades de ingresos, ya fuera a través de impuestos a la herencia, mecanismos de protección social o algo crucial, la ampliación de la educación pública a grandes segmentos de la población, incluidas las niñas.

En algunos países, en particular en Asia Oriental, la reforma agraria también contribuyó con fuerza a la disminución de las disparidades de ingresos y puede haber desencadenado un crecimiento económico y convergencia rápidos. El papel de la política del gobierno implicaba que, a menudo, había una creciente distinción (o brecha) entre la desigualdad en los niveles de vida y la desigualdad en los ingresos, la primera con frecuencia impulsada por los atributos de redistribución del presupuesto gubernamental. La demografía y la migración también tenían un impacto sobre la distribución de las rentas.

Al menos igual de importante fue el impacto de la tecnología y las fuerzas dinámicas relacionadas con la industrialización. Las nuevas tecnologías y los procesos asociados significaron que aquellos que poseían las habilidades para poder manejar nuevas máquinas o leer manuales de instrucciones -la gran mayor parte de ellos hombres- podrían acceder a salarios mucho más altos, y esto inevitablemente condujo a un aumento de la disparidad de ingresos entre géneros.

Por otra parte, este fenómeno se retroalimentaba. Aquellos que, gracias a sus habilidades, podían exigir salarios más altos, podían permitirse pedir préstamos para poner en marcha nuevas empresas y así ahorrar más, acumulando un porcentaje creciente de la riqueza del país, algo que proporcionaba oportunidades adicionales para inversiones rentables y para seguir creando nuevas empresas. En países con instituciones débiles, regulaciones ineficaces y poca capacidad de hacer cumplir la ley esto a menudo se traducía en mayores oportunidades para gente con pocos escrúpulos, en especial con acceso a los resortes del poder político.

La expansión de una enorme riqueza derivada de la corrupción ha sido sin duda una característica habitual del desarrollo económico durante los últimos dos siglos. Allí donde la creciente disparidad de ingresos era debida en parte (o en todo) a la corrupción y al abuso de poder el resultado a menudo era el aumento de las tensiones sociales, la inestabilidad política o, en los casos más extremos, los disturbios civiles. Sin embargo, en ausencia de corrupción, el resultado a menudo era la creación de nuevas industrias y el surgimiento de una poderosa cultura de la innovación.

La relación entre la educación, la formación y una mano de obra cualificada y la desigualdad es fuerte y dinámica. Por un lado, a medida que la educación se extiende y un porcentaje de la población cada vez mayor participa de sus beneficios se podría esperar una estabilización de la desigualdad de ingresos. Hay pruebas de que esto es exactamente lo que ocurrió en Inglaterra en el siglo XIX, donde esta desigualdad se amplió en un primer momento cuando el proceso de industrialización se puso en marcha para nivelarse después antes de que se acabara el siglo. Benjamin Friedman argumenta en The Moral Consequences of Economic Growth (Las consecuencias morales del crecimiento económico) que “la afirmación de Karl Marx de que el capitalismo conduce inevitablemente a una creciente miseria de las clases trabajadoras, y por lo tanto a una polarización explosiva de la sociedad, era el resultado de la extrapolación miope de Marx de la desigualdad cada vez mayor que acompañó al crecimiento económico de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX”.

Sin embargo, no hay garantía de que esta nivelación vaya a ser permanente. Dado que el cambio tecnológico es relativo, la llegada de nuevas tecnologías puede, en principio, inducir exactamente los mismos tipos de cambios que la introducción de tecnologías más simples tuvo sobre las diferencias salariales basadas en la cualificación durante las primeras etapas del proceso de desarrollo, conduciendo, una vez más, al aumento de las disparidades de ingresos.

Friedman ofrece un interesante análisis del impacto del  outsourcing o externalización en la desigualdad de ingresos. Cuando un fabricante estadounidense cierra su planta en EE UU y desplaza la producción a India, la pérdida del empleo de los trabajadores estadounidenses será compensada por las ganancias de empleo en el país asiático. Mientras que algunos trabajadores estadounidenses pueden ser capaces de encontrar trabajo en otros lugares, otros no lo harán. Además, es probable que los beneficios de la empresa aumenten debido a los menores costes laborales y el impacto neto, por lo tanto, será el de ampliar la desigualdad dentro de Estados Unidos. Por otra parte, dado a que algunos trabajadores en India ganarán ahora salarios muy por encima de la media en este país el cierre de la planta en EE UU también ampliará la desigualdad dentro de India. Sin embargo, la desigualdad entre Estados Unidos y el país asiático se habrá reducido. Friedman se pregunta entonces: “Si la renta media en India se acerca a la de Estados Unidos pero en el proceso algunos indios —en este ejemplo, los afortunados trabajadores que consiguen los nuevos empleos en las fábricas— prosperan y toman la delantera a sus vecinos ¿es el resultado neto una victoria o una derrota para la causa de la igualdad?”.

No tenemos una plena comprensión de la importancia relativa de todos estos factores  -la acumulación de ahorros, el decreciente papel de la agricultura, la demografía, las políticas del gobierno, la migración, el cambio tecnológico y la globalización, por nombrar alguno- a la hora de determinar la evolución de la desigualdad de renta. Unos son claramente más susceptibles de cambio a través de modificaciones en el contenido de las políticas. Otros -el cambio tecnológico es quizá el principal ejemplo- son más exógenos por naturaleza y responden a una combinación de creatividad humana, afán de lucro y, solamente de forma marginal, posibles incentivos del gobierno, teniendo, por tanto, un impacto mucho más impredecible.

Uno puede asumir razonablemente que la importancia de estos factores variará de un país a otro, dependiendo de su nivel de desarrollo, y que esa importancia cambiará con el tiempo, reflejando los cambios estructurales en la economía global. Sin embargo, Kuznets tenía razón al afirmar que, sin un mejor conocimiento de la evolución de la desigualdad de renta y de los factores que la determinan, nuestra propia comprensión del proceso de desarrollo económico se vería debilitada, al igual que nuestra capacidad para responder eficazmente a los desafíos creados por la divergencia de ingresos.

Friday, February 27, 2015

¿Cómo podemos reducir la desigualdad de los ingresos altos?

Hay muchas maneras de pensar en la desigualdad de ingresos. Uno puede, por ejemplo, considerarla dentro de los límites de un determinado país y preguntar cómo se distribuye el ingreso hoy entre los 198 millones de ciudadanos de Brasil. También es posible mirar el ingreso promedio per cápita de todos los países del mundo (o de una región del mundo) y preguntar: ¿cuán desiguales son las diferencias de ingresos entre los países en un momento determinado en el tiempo? Podemos pensar en esto como desigualdad internacional. Uno también se puede abstraer de los límites nacionales y de los conceptos de ciudadanía, ver el mundo como una familia humana, y preguntar: ¿cómo se distribuye la renta entre sus 7000 millones de personas? A esto se lo puede llamar la desigualdad global de los ingresos.



Uno de los resultados más interesantes —y sorprendentes— que surgen de los datos sobre la desigualdad global de los ingresos es que aunque los coeficientes de Gini (un índice compuesto que mide la desigualdad) han aumentado constantemente desde 1950 (véase el cuadro arriba, para un grupo de 130 países que representan la mayor parte de la población mundial), cuando uno mira a los países de altos ingresos (en gran parte, la OCDE), los coeficientes de Gini han bajado rápidamente en realidad y tienen, hoy en día, aproximadamente la mitad de sus niveles de comienzos de la década de 1950. En otras palabras, ha habido un proceso masivo de convergencia entre los países ricos. De hecho, existe evidencia empírica que sugiere que esta convergencia probablemente data de por lo menos la década de 1870, si es que no antes. Esta convergencia es altamente significativa dado que estos son los países que han estado en el centro del capitalismo global y que han encabezado el proceso de globalización. Estos son los países que han avanzado más en abrir sus economías el uno al otro. En efecto, gran parte de la liberalización comercial de posguerra que tuvo lugar en el contexto del GATT fue de naturaleza interna de la OCDE, quizás el ejemplo más sobresaliente de ella es la apertura que se produjo como consecuencia de la expansión de la UE; más libre comercio y mayores ingresos se encuentran en el corazón de la evolución de posguerra de estos países. También es probable que, al menos en lo que respecta a la UE, las desigualdades de ingresos entre sus miembros se han reducido ya que estos países han puesto en marcha mecanismos para reducir las disparidades de ingresos dentro de la región mediante un generoso sistema de transferencias de dinero desde los países más ricos a los más pobres; durante los primeros años de pertenencia a la UE, España y Portugal recibieron el equivalente al 5% del PIB en transferencias anuales.

Vale la pena mencionar otras dos características de los datos que muestra el gráfico: (i) el nivel muy alto de desigualdad del ingreso mundial, para lo cual tenemos unas pocas observaciones discretas que muestran altísimos coeficientes de Gini, flotando alrededor de 0,70, y (ii) la desigualdad internacional ha mejorado durante la última década, reflejando el impacto de las altas tasas de crecimiento económico en China y, en menor medida, en India.

¿Cuál es el problema, desde una perspectiva de desarrollo, con las grandes brechas de ingresos? En primer lugar, mientras más grande la brecha, más difícil el salto. Si ponerse al día se percibe como “altamente improbable durante mi vida”, entonces emergen incentivos para hacer otro tipo de saltos, que conducen a la migración (legal o no), a la fuga de cerebros y a la pérdida permanente de talento nativo. Además, quedarse muy a la zaga crea un contexto difícil para la implementación de políticas sólidas. Las poblaciones de los países pobres pueden calcular con facilidad —debido al poder de las tecnologías de la comunicación— cuán atrasados están respecto al resto del mundo, especialmente a las economías ricas del mundo industrial. Es probable que esto cree expectativas no realistas sobre la posibilidad de ponerse al día y, a su vez, obligue a los gobiernos a inclinarse por un camino populista, en vez del camino deliberado, gradual y a veces difícil que eligen los pocos casos de éxito de movilidad ascendente de ingresos. “La tardanza es la madre del mal gobierno”, es como lo describe el profesor de Harvard David Landes. Al utilizar el sustantivo “tardanza”, se refiere al ingreso tardío en el proceso de desarrollo, capturado por un bajo ingreso per cápita.

Al menos parte de nuestro serio problema de desigualdad parece reflejar una enorme mala asignación de recursos. Tenemos cerca de 800 millones de analfabetos en el mundo, 530 millones de ellos son mujeres; un gran segmento de la población mundial tiene así limitado acceso a las herramientas más esenciales para abrir el camino hacia la prosperidad: el conocimiento y el acceso amplio a la información. Pero gastamos cerca de US$2 billones anualmente subsidiando los hábitos de conducción de las clases medias del mundo; un 61% de los beneficios de los subsidios a la gasolina van al segmento más rico de la población, lo que constituye una de las políticas más regresivas en el planeta. En efecto, estos subsidios son tan considerables, que también contribuyen de manera tangible a acelerar el cambio climático.

Es importante contrastar esto, por ejemplo, con la inversión en educación para las niñas, un poderoso motor de avance para las mujeres, con múltiples efectos beneficiosos para el desarrollo. Tomar los recursos que ahora se destinan a subsidios de energía y reasignarlos para enseñarles a leer y escribir a 800 millones de analfabetos liberaría unos US$2400 anuales por persona: una cantidad vergonzosa de riqueza.

Lamentablemente, parecería que en muchos países las altas tasas de analfabetismo no son necesariamente una consecuencia de la pobreza o de la falta de recursos. No. Son una opción política que los gobiernos han adoptado, con resultados perturbadores para la distribución del ingreso y las oportunidades.

Existe mucha preocupación en el mundo hoy sobre la desigualdad de los ingresos altos y las disfunciones sociales asociadas. Hay amplio consenso internacional en el sentido de que deberíamos hacer algo al respecto. Los números citados anteriormente sugieren por lo menos un rumbo claro abierto para empezar a lidiar con este problema de una manera eficaz. Como suele ser el caso, si se tiene la voluntad política de hacer las cosas bien, no hay escasez de soluciones sensatas.

Tuesday, February 18, 2014

¿Cuáles son las Fuentes de la Corrupción?

En un blog anterior analizamos los factores que han llevado el tema de la corrupción al centro del debate de políticas acertadas sobre gestión económica. Una pregunta relacionada se refiere a las fuentes de la corrupción: ¿de dónde proviene y qué factores la han impulsado y transformado en un obstáculo tan poderoso para el desarrollo económico sostenible? Los economistas parecen estar de acuerdo en que una importante fuente de corrupción se origina en la función distributiva del Estado. Para bien o para mal, el papel del Estado en la economía ha aumentado en gran medida durante el siglo pasado. En 1913, las 13 economías más grandes del mundo, que representaban la mayor parte de la producción económica mundial, tenían un coeficiente medio de gasto en relación con el producto interno bruto (PIB) de alrededor del 12%. En 1990, este coeficiente había subido al 43%, si bien muchos países superaban ampliamente el 50%. Este incremento estaba asociado a la proliferación de beneficios estatales y a diversas formas en que el Estado impone costos a la sociedad. Aunque un Estado más grande no tiene por qué tener  correlación  con mayores niveles de corrupción —los países nórdicos ilustran esto— se da el caso de que cuanto más grande es el número de interacciones entre funcionarios y ciudadanos particulares, tanto mayor es la cantidad de oportunidades en las que los últimos pueden tener la intención de pagar para recibir beneficios a los que no tienen derecho, o evitar responsabilidades o costos a los que están obligados.

Gobernar a menudo consiste en emitir licencias y permisos. Desde que nace hasta que muere, un ciudadano común tiene que realizar transacciones en alguna oficina o con un burócrata gubernamental para obtener un certificado de nacimiento o un pasaporte, pagar impuestos, abrir un nuevo negocio, conducir un automóvil, registrar una propiedad, participar en actividades de comercio exterior, vender un bien o servicio al Gobierno, contratar un empleado o recibir un permiso para construir una casa, entre muchas otras. El informe Doing Business (DB) del Banco Mundial se ha convertido en un compendio anual de gran utilidad sobre la carga que representan las disposiciones reguladoras de la actividad empresarial en 189 países. La situación que surge del informe para un gran número de países es preocupante. Visite el sitio web del informe y vea por qué en tantas partes del mundo las empresas toleran niveles sorprendentes de burocracia y papeleo. De hecho, los datos de Doing Business destacan con elocuencia en qué medida muchos Gobiernos desalientan el espíritu empresarial en los sectores privados de sus propios países. Como era de esperar, la prevalencia de la corrupción guarda una estrecha correlación con la frecuencia de la burocracia y la excesiva regulación. El gráfico a continuación muestra la clasificación de los países en el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y de DB 2014, que incluye 175 naciones. La cifra habla por sí misma: cuanto mayor es la burocracia, mayor es la incidencia de corrupción, llegando el coeficiente de correlación a cerca de 0,80.


Varios estudios han demostrado que las empresas destinan una cantidad considerable de tiempo y recursos para gestionar la burocracia. A menudo pueden creer que el pago de sobornos es una manera de ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia y, en muchos países, que posiblemente sea la única manera de hacer negocios sin socavar la posición competitiva de la empresa frente a los que pagan cohechos de forma sistemática. Obviamente, cuanto más disfuncional sea el sistema económico y legal y más onerosas las regulaciones, mayor será el incentivo para que las personas y compañías acorten el camino mediante conductas corruptas. La literatura está llena de ejemplos: los absurdos de la planificación centralizada en la Unión Soviética indujeron a actos de “corrupción” a los jefes de fábrica, para agregar un cierto grado de flexibilidad a un sistema que ponía en ridículo la eficiencia en la asignación de recursos. Cuanto más incomprensibles sean las normas, más probabilidades existen que no sean respetadas por los participantes en el sistema.

Leff, un investigador de Harvard, argumentó en un análisis detallado en 1964 que quienes veían la corrupción como algo irreparablemente malo suponían de manera implícita que los Gobiernos estaban bien motivados y comprometidos con la implementación de políticas que hacían avanzar la causa del desarrollo económico. En realidad, Leff pensaba que en muchos países las políticas estaban orientadas en gran parte a promover los intereses de la élite gobernante. Leff y Nye (un colega de Harvard) sugirieron que la corrupción era en parte una respuesta a las distorsiones del mercado, la burocracia, las regulaciones excesivas e irracionales, y las malas políticas, pero estas, a su vez, eran afectadas también por los niveles de corrupción dominantes en el país de una manera bidireccional simbiótica de causalidad que transformaba la corrupción en un problema social y económico inabordable. Si bien queda claro que los sobornos y la corrupción pueden ser en algunos casos respuestas a la existencia de distorsiones en la economía, veremos en un futuro blog que lejos de mejorar la eficiencia, este problema impone altos costos a la sociedad en diversos frentes.

El sistema tributario en sí es a menudo una fuente de corrupción, en particular en los casos en que la legislación subyacente no es clara o es difícil de entender, otorgando presumiblemente a los inspectores y auditores fiscales una considerable libertad de interpretación. Leyes tributarias confusas darán lugar a “compromisos” dañinos entre inspectores fiscales y contribuyentes. En términos más generales, hay muchas maneras en que diversas funciones de la organización y las políticas del gobierno crean incentivos para el surgimiento de conductas corruptas. Como ya se señaló, la imponente presencia del Estado en la economía y, en particular, el suministro de bienes y servicios a precios inferiores a los del mercado, crea un terreno fértil para la corrupción. Invariablemente da lugar a la creación de algún tipo de mecanismo de racionamiento para controlar el exceso de demanda, quedando a criterio de algún funcionario público. Recuerdo una reunión en el Banco Central de Rusia en mayo de 1992, en la que nos mostraron un documento de varias páginas que contenía los tipos de cambio para la importación de diversos artículos, como automóviles de lujo, medicamentos y coches infantiles. Algunos burócratas habían logrado elaborar algunas misteriosas pautas que establecían decenas y decenas de precios para el tipo de cambio según el producto de importación. Demás está decir que la lista permitía una alta discrecionalidad.

Existía un régimen similar para los cupos de exportación, permitiendo a quienes obtenían una licencia beneficiarse de la enorme brecha entre el precio interno y el precio internacional. Otro legado de la Unión Soviética fue un programa de crédito dirigido, que incluyó esencialmente préstamos altamente subvencionados para la agricultura e industria. A tasas de interés que eran absurdamente negativas en términos reales, la demanda de los mismos fue inusualmente elevada y, por supuesto, los criterios de asignación muy poco transparentes.

Si bien es fácil observar los incentivos para la práctica de los sobornos que muestran estos ejemplos, también resultan evidentes las pérdidas de eficiencia en materia económica. Los créditos dirigidos en Rusia no siempre terminaban en manos de agricultores. Más bien los recibían quienes habían hecho la mejor oferta, y luego usaban los fondos para comprar divisas extranjeras y financiar la fuga de capitales (los créditos mismos nunca se reembolsaban o se pagaban en rublos sumamente depreciados). Los cupos de exportación daban como resultado enormes pérdidas para el presupuesto de Rusia, en un momento en que el país atravesaba una severa contracción económica y cuando, por consiguiente, había enormes presiones para aumentar el gasto social. Susan Rose-Ackerman, una de las principales expertas en corrupción, los denomina sobornos que limpian el mercado o equiparan la oferta y la demanda.

Algunos cohechos se ofrecen como pagos de incentivos para los burócratas. Estos pueden adoptar una variedad de formas, como el “dinero para acelerar trámites”, omnipresente en muchas partes del mundo, y que se usa generalmente para “facilitar” algunas transacciones, evitar las filas, etc. Ciertos economistas han argumentado que esto podría mejorar la eficiencia dado que los estímulos se ofrecen para trabajar más rápido y los que valoran altamente su tiempo pueden avanzar con mayor celeridad. Sin embargo, Gunnar Myrdal (1968) ha señalado que, con el tiempo, los incentivos podrían funcionar a la inversa: los burócratas frenarán las cosas intencionalmente, o, peor aún, encontrarán obstáculos imaginarios o crearán ellos mismos nuevos impedimentos, con el fin de obtener pagos para simplificar los trámites. De modo que, en definitiva, el “dinero para acelerar procesos”, no se paga para apurar las cosas, sino más bien para evitar retrasos creados artificialmente por burócratas corruptos. De hecho, algunas de las regulaciones vigentes en muchas partes del mundo son tan irracionales que solo se puede inferir que fueron introducidas para generar oportunidades para llevar a cabo prácticas de soborno. Lejos de ser una forma de mejorar la eficiencia, estos actos ilegales preservan y fortalecen la maquinaria de la corrupción. Este es un tema amplio. Usted puede encontrar muchos más ejemplos aquí. En nuestro próximo blog dirigiremos nuestra atención a las diversas consecuencias o efectos de la corrupción.

¿Por Qué Hoy la Corrupción no es Tanto un Tabú Como Hace un Cuarto de Siglo?

A aquellos de nosotros que nos han interesado los actos de corrupción durante la mayor parte de nuestras carreras, no nos cabe duda que en algún momento a fines de los años ochenta y principios de los noventa cambió la manera de pensar dentro de la comunidad del desarrollo respecto a la importancia de la corrupción en el proceso de desarrollo. Este cambio fue vacilante al comienzo; durante un tiempo la continua reticencia a enfrentar un tema que se considera tiene una gran dimensión política coexistió con crecientes alusiones a la importancia del “buen gobierno” para fomentar un desarrollo exitoso.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a esta evolución? Uno que me viene rápido a la mente esta vinculado con la caída del muro de Berlín y el consiguiente colapso de la planificación centralizada como una alternativa supuestamente viable al libre mercado. Fue obvio que deficiencias institucionales generalizadas, incluyendo una perniciosa combinación de autoritarismo (esto es, falta de rendición de cuentas) y de corrupción, condujeron al desplome de este tipo de planificación más que la adopción de políticas monetarias inadecuadas.

El colapso de la planificación centralizada en ciertos países a fines de la década de 1980 y la necesidad de la comunidad internacional de ayudar a estos a avanzar  hacia formas democráticas de gobierno y economías basadas en los principios del mercado dejó muy claro que sería mucho más difícil realizar eso que “conseguir controlar la inflación” o reducir el déficit presupuestario. Literalmente de un día para otro, los economistas se vieron obligados a enfrentar un conjunto de temas que iban más allá de la política macroeconómica convencional. Junto con la desaparición de la planificación centralizada, el fin de la Guerra Fría tenía claras implicaciones para la voluntad de la comunidad internacional de hacer la vista gorda a casos flagrantes de corrupción en lugares donde las lealtades ideológicas habían conducido a episodios de ceguera colectiva. A fines de los años ochenta, por ejemplo, los donantes dejaron de apoyar al dictador Mobutu y no estuvieron dispuestos a recompensarlo por su permanente fidelidad a Occidente durante la Guerra Fría.

Un segundo factor fue la frustración cada vez mayor debido a la condiciones de vida en África y en otras partes del mundo en desarrollo. Las acciones mundiales  contra la pobreza habían comenzado a rendir algunos frutos, pero estos se concentraron principalmente en China, mientras África registraba nuevos aumentos en el número de pobres. Yo era un economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) a fines de los años ochenta y principios de los noventa y recuerdo claramente los esfuerzos del personal del FMI —especialmente en África— de examinar temas de reformas estructurales e institucionales -más allá de la estabilización macroeconómica- y de aceptar que la corrupción no podía seguir siendo ignorada.

Un tercer factor tuvo relación con los avances en la comunidad académica, especialmente en la investigación sobre la importancia de los derechos de propiedad, la educación y la capacitación, y las instituciones. Por ejemplo, algunos trabajos empíricos comenzaron a sugerir que las diferencias en las instituciones parecían explicar una parte importante de la desigualdad del crecimiento entre los países y, por lo tanto, tenían una influencia en el desempeño en materia de crecimiento de los mismos. (Para un buen estudio, vea, por ejemplo, Acemoglu y colaboradores. Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth [Las instituciones como causa fundamental del crecimiento de largo plazo], en Handbook of Economic Growth, Elsevier, 2004).  Un número cada vez mayor de economistas comenzó a considerar la corrupción como un problema económico y esto condujo a una mejor comprensión de los efectos de esta en la economía, un tema que trataremos en un próximo blog.

La aceleración, a partir de la década de 1980, del ritmo de la globalización también jugó un rol importante. Esta y sus tecnologías de apoyo claramente han llevado a un notable incremento de la transparencia y de la demanda popular de apertura y a un mayor escrutinio. Las organizaciones multilaterales no fueron inmunes a estas repercusiones. ¿Cómo podría uno ignorar o dejar de ver el ocultamiento de miles de millones de dólares de riqueza mal habida en cuentas bancarias secretas por parte de algunos de los peores autócratas del mundo, muchos de ellos antiguos clientes de estas entidades?

En paralelo a estos avances, y a una mayor conciencia pública internacional acerca de la corrupción, en la década de 1990 fuimos testigos de un gran número de escándalos que involucraron a importantes figuras políticas en algún tipo de soborno o corrupción. En India y Pakistán, los primeros ministros fueron derrotados principalmente porque fueron acusados de corrupción. En Corea del Sur, dos presidentes fueron encarcelados tras revelaciones de cohechos, mientras que en Brasil y Venezuela, los presidentes fueron procesados y destituidos de sus cargos debido a acusaciones similares. Por su parte, en Italia, un número importante de políticos, que habían gobernado el país durante la posguerra, fueron enviados a la cárcel por magistrados que además dieron a conocer la vasta red de sobornos entre partidos políticos y miembros del sector empresarial. Hubo menos progresos en África, pero, sin lugar a dudas, se hizo más difícil ocultar la corrupción y las nuevas tecnologías de las comunicaciones resultaron ser un aliado útil para lograr mayor apertura y transparencia.

Un hecho relacionado atañe a los cambios en la economía global, los cuales aumentaron significativamente la percepción de la importancia de la productividad como motor básico de la prosperidad. La globalización destacó la importancia de la eficiencia. Si los países no usan con eficacia los escasos recursos, no pueden esperar mantener su presencia en la economía mundial y competir en un mercado cada vez más complejo. Y, sin duda, la prevalencia de actos de corrupción desvía la atención de este objetivo. Además, los líderes empresariales comenzaron a hablar con más fuerza sobre la necesidad de tener igualdad de condiciones y los costos relacionados de hacer negocios en ambientes corruptos.

En los años noventa, el Gobierno de Estados Unidos hizo esfuerzos por mantener presente el tema de la corrupción en sus diálogos con los asociados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentando todavía más la conciencia internacional sobre esta materia. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 había prohibido a los empresarios y corporaciones estadounidenses sobornar a funcionarios gubernamentales foráneos, imponiendo severas sanciones, como penas de prisión, a los involucrados en el pago de cohechos. Como los otros países de la OCDE no estaban sujetos a tales restricciones —de hecho, el pago de sobornos continuó siendo deducible de impuestos en la mayoría de los miembros de la OCDE al ser considerado un costo de hacer negocios en el extranjero—, las empresas estadounidenses se quejaron que estaban sufriendo pérdidas frente a los competidores de la OCDE. Los académicos que analizaron los datos mostraron que, tras la aprobación de la ley, las actividades de negocios de Estados Unidos en el extranjero disminuyeron sustancialmente, ya que la legislación en realidad había contribuido a socavar la posición competitiva de las empresas estadounidenses. Estos acontecimientos  dieron un ímpetu considerable a las medidas del Gobierno de Estados Unidos para persuadir a los otros miembros de la OCDE a que prohibieran estas prácticas de corrupción y en 1997 esta organización adoptó la Convención Antisobornos, que se transformó en un importante logro legal.

La labor de Transparencia Internacional (TI) y su reconocido Índice de Percepción de Corrupción (IPC), (i) que empezó a ser publicado en 1993, también contribuyó a este cambio de actitud.  Era de conocimiento público que la corrupción existía en todas partes. No obstante, TI demostró que algunos países habían tenido más éxito que otros en disminuir el problema y ayudó en gran medida a centrar la atención y validar el discurso público sobre el tema, facilitando así que los organismos multilaterales hicieran lo mismo.

Las mismas organizaciones internacionales respaldaron en breve a Transparencia Internacional. En las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial y del FMI en 1996, el entonces presidente del Banco, James Wolfensohn, pronunció un discurso trascendental, señalando que había una responsabilidad colectiva de enfrentar “el cáncer de la corrupción”. Más importante aún, Wolfensohn dio un fuerte apoyo a los esfuerzos del personal del Banco Mundial para desarrollar una amplia serie de indicadores de buen gobierno, incluyendo aquellos que específicamente miden el nivel de corrupción. Este fue un avance muy significativo porque posibilitó que el Banco Mundial, a través del uso de indicadores y datos medibles, se focalizara en los temas de buen gobierno y corrupción al mismo tiempo que no parece interferir en los asuntos políticos de sus países miembros.

Todo lo anterior explica de alguna manera los factores que contribuyeron a cambiar la manera de pensar sobre la importancia de la corrupción. En nuestros siguientes blogs examinaremos tres temas adicionales: las fuentes de la corrupción, el impacto económico de este problema y qué se puede hacer al respecto.