La igualdad de oportunidades como motor de prosperidad
Hemos aprendido
mucho en las últimas décadas sobre la relación entre desigualdad
de género y crecimiento económico, en particular cuando hablamos de
las desigualdades en educación y en empleo. Las desigualdades
educativas, por ejemplo, reducen artificialmente la reserva de
talento a disposición de las sociedades; al excluir de la vía
educativa a ninas con aptitudes y promover a ninos menos
cualificados, el volumen medio de capital humano en un país
disminuye, y eso tiene consecuencias negativas en el comportamiento
económico. También sabemos que el estímulo de la educación
femenina hace que las mujeres tengan menos hijos, no solo porque las
mujeres educadas están mejor informadas sobre planificación
familiar, sino también porque la educación crea mejores
oportunidades que pueden resultar más atractivas para las mujeres
que la maternidad.
Unas tasas de
fertilidad más bajas contribuyen a reducir la mortalidad infantil y
amplían el abanico de oportunidades educativas al alcance de la
siguiente generación. Todos estos factores, combinados, impulsan el
crecimiento económico. De hecho, la disminución de la fertilidad
asociada a una mejor educación de las mujeres tiene efectos
duraderos, con un “dividendo demográfico” que se hace patente un
par de décadas más tarde. Con menores niveles de fertilidad, la
franja de población en edad laboral crece más rapidamente que el
conjunto de la población, y eso refuerza el crecimiento económico
per cápita.
Otro poderoso
motor del crecimiento económico asociado a la disminución de las
brechas de género en el empleo es el relacionado con el “poder de
negociación dentro de las familias”. Como es lógico, cuando las
mujeres trabajan y ganan un salario, tienen más poder dentro del
hogar. Aparte de las ventajas personales directas que eso supone, la
literatura económica ha identificado otras consecuencias favorables,
como un mayor nivel de ahorro, más inversiones productivas y un
mejor uso y devolución del crédito, todos ellos, factores que
contribuyen al crecimiento económico. Otros estudios han demostrado
que, con más poder femenino dentro de la familia, se hacen más
inversiones en la salud y la educación de los hijos, con lo que se
plantan las semillas para la acumulación de capital humano en la
siguiente generación.
Una vía de influencia adicional tiene que ver con las pruebas
crecientes de que las mujeres trabajadoras son menos propensas a la
corrupción y el nepotismo que los hombres. Los textos de
criminología, por ejemplo, han establecido hace mucho que “el
patrón más constante relacionado con el género es hasta qué punto
la participación del hombre en delitos serios es muy superior, a
cualquier edad, que la de la mujer, independientemente de las fuentes
de datos, los tipos de delitos, el nivel de implicación y el grado
de participación” [1].
Más recientemente, un estudio de 6.500 empresas realizado en el
Reino Unido sobre la composición de género de los consejos de
administración reveló pruebas claras de que las empresas con más
participación femenina en los consejos tenían menos probabilidades
de sufrir escándalos de gobernanza relacionados con corrupción,
fraude y otros factores que suelen disminuir la confianza empresarial
[2].
Por tanto, impulsar el trabajo de las mujeres probablemente es
beneficioso para el crecimiento económico porque mejora la calidad
de la gobernanza.
Por supuesto,
aunque los gobiernos han tenido un papel crucial en la creación de
un marco legal que ha establecido limitaciones importantes a la
capacidad de las mujeres de contribuir seriamente a la economía o
que han influido negativamente en su entorno económico (ver el
informe Women, Business and
the Law para tener un compendio detallado de cómo se ha
hecho esto en 143 países), existen muchas otras formas de
discriminación incrustadas en las leyes que van mucho más allá de
las cuestiones de género.
El Artículo 20
de la Constitución iraní establece que todos los ciudadanos de Irán
deben vivir “con arreglo a los criterios del Islam”. Por eso, a
los miembros de la comunidad Bahá’i, la mayor minoría religiosa
del país, se les niega el acceso a los colegios y las universidades,
se les prohíbe trabajar en el sector público y se enfrentan a duras
restricciones de empleo en casi todos los demás sectores de la
economía. En Líbano, grupos como los bahá’is, los budistas y los
hindúes puede tener propiedades y reunirse para practicar su
religión, pero no pueden casarse, divorciarse ni heredar propiedades
en el país. La Ley contra la Homosexualidad de 2014 en Uganda
castiga la “homosexualidad agravada” con cadena perpetua y el
“delito de homosexualidad” con una condena de cárcel de hasta 14
años.
No cabe duda de
que el gobierno puede intervenir para crear las condiciones que
permitan lograr una economía sólida y una sociedad igualitaria, que
utilice con eficacia los recursos naturales, económicos y humanos
disponibles para cubrir las necesidades y asegurar el bienestar de
todos. La pobreza es un indicador del fracaso de los gobiernos en
este ámbito. A pesar del rápido crecimiento experimentado en varios
países en vías de desarrollo durante las últimas décadas, más de
mil millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema, y las
desigualdades están aumentando en todo el mundo.
El Banco Mundial
se ha comprometido a lograr los dos objetivos de eliminar la pobreza
extrema e impulsar la prosperidad común. Estos objetivos van de la
mano con la igualdad de oportunidades y la participación incluyente
de todos los segmentos de la sociedad en las esferas económicas y
sociales. La pobreza suele ser mayor en los grupos tradicionalmente
marginados, y diversas formas de discriminación pueden reducir
enormemente las posibilidades de aliviarla.
La vía más
sostenible para acabar con la pobreza extrema y promover la
prosperidad común es crear una sociedad integradora, que permita a
todos, incluidos grupos tradicionalmente marginados como las minorías
étnicas, religiosas y de otros tipos, tener las mismas oportunidades
de participar en la economía y beneficiarse de ella. Los gobiernos
tienen un papel crucial a la hora de crear las bases de la igualdad
de oportunidades, mediante la eliminación de leyes, normas y
políticas que ejercen una discriminación activa contra ciertos
grupos y mediante la aprobación y la promoción de mecanismos que
refuercen la puesta en práctica de leyes antidiscriminación.
La prosperidad no
consiste solo en aumentar y distribuir la riqueza. El bienestar
humano tiene dimensiones sociales, culturales, éticas y
espirituales. La diversidad y las perspectivas adicionales que
aportan los grupos que hoy están marginados pueden, cuando se les
permita la plena expresión y participación, enriquecer la comunidad
y la sociedad y favorecer la prosperidad colectiva. La igualdad de
oportunidades no solo evita el desperdicio de capacidades y recursos
humanos, sino que también abre la posibilidad de alcanzar niveles
todavía mayores de bienestar social y económico.
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[1] De
un estudio llevado a cabo por la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, citado en, Azfar, Knack y Lee (2001).
[2] Financial
Times (9 de marzo de 2015).
