La igualdad de oportunidades como motor de prosperidad

Hemos aprendido mucho en las últimas décadas sobre la relación entre desigualdad de género y crecimiento económico, en particular cuando hablamos de las desigualdades en educación y en empleo. Las desigualdades educativas, por ejemplo, reducen artificialmente la reserva de talento a disposición de las sociedades; al excluir de la vía educativa a ninas con aptitudes y promover a ninos menos cualificados, el volumen medio de capital humano en un país disminuye, y eso tiene consecuencias negativas en el comportamiento económico. También sabemos que el estímulo de la educación femenina hace que las mujeres tengan menos hijos, no solo porque las mujeres educadas están mejor informadas sobre planificación familiar, sino también porque la educación crea mejores oportunidades que pueden resultar más atractivas para las mujeres que la maternidad.

Unas tasas de fertilidad más bajas contribuyen a reducir la mortalidad infantil y amplían el abanico de oportunidades educativas al alcance de la siguiente generación. Todos estos factores, combinados, impulsan el crecimiento económico. De hecho, la disminución de la fertilidad asociada a una mejor educación de las mujeres tiene efectos duraderos, con un “dividendo demográfico” que se hace patente un par de décadas más tarde. Con menores niveles de fertilidad, la franja de población en edad laboral crece más rapidamente que el conjunto de la población, y eso refuerza el crecimiento económico per cápita.

Otro poderoso motor del crecimiento económico asociado a la disminución de las brechas de género en el empleo es el relacionado con el “poder de negociación dentro de las familias”. Como es lógico, cuando las mujeres trabajan y ganan un salario, tienen más poder dentro del hogar. Aparte de las ventajas personales directas que eso supone, la literatura económica ha identificado otras consecuencias favorables, como un mayor nivel de ahorro, más inversiones productivas y un mejor uso y devolución del crédito, todos ellos, factores que contribuyen al crecimiento económico. Otros estudios han demostrado que, con más poder femenino dentro de la familia, se hacen más inversiones en la salud y la educación de los hijos, con lo que se plantan las semillas para la acumulación de capital humano en la siguiente generación.

Una vía de influencia adicional tiene que ver con las pruebas crecientes de que las mujeres trabajadoras son menos propensas a la corrupción y el nepotismo que los hombres. Los textos de criminología, por ejemplo, han establecido hace mucho que “el patrón más constante relacionado con el género es hasta qué punto la participación del hombre en delitos serios es muy superior, a cualquier edad, que la de la mujer, independientemente de las fuentes de datos, los tipos de delitos, el nivel de implicación y el grado de participación” [1]. Más recientemente, un estudio de 6.500 empresas realizado en el Reino Unido sobre la composición de género de los consejos de administración reveló pruebas claras de que las empresas con más participación femenina en los consejos tenían menos probabilidades de sufrir escándalos de gobernanza relacionados con corrupción, fraude y otros factores que suelen disminuir la confianza empresarial [2]. Por tanto, impulsar el trabajo de las mujeres probablemente es beneficioso para el crecimiento económico porque mejora la calidad de la gobernanza.

Por supuesto, aunque los gobiernos han tenido un papel crucial en la creación de un marco legal que ha establecido limitaciones importantes a la capacidad de las mujeres de contribuir seriamente a la economía o que han influido negativamente en su entorno económico (ver el informe Women, Business and the Law para tener un compendio detallado de cómo se ha hecho esto en 143 países), existen muchas otras formas de discriminación incrustadas en las leyes que van mucho más allá de las cuestiones de género.

El Artículo 20 de la Constitución iraní establece que todos los ciudadanos de Irán deben vivir “con arreglo a los criterios del Islam”. Por eso, a los miembros de la comunidad Bahá’i, la mayor minoría religiosa del país, se les niega el acceso a los colegios y las universidades, se les prohíbe trabajar en el sector público y se enfrentan a duras restricciones de empleo en casi todos los demás sectores de la economía. En Líbano, grupos como los bahá’is, los budistas y los hindúes puede tener propiedades y reunirse para practicar su religión, pero no pueden casarse, divorciarse ni heredar propiedades en el país. La Ley contra la Homosexualidad de 2014 en Uganda castiga la “homosexualidad agravada” con cadena perpetua y el “delito de homosexualidad” con una condena de cárcel de hasta 14 años.

No cabe duda de que el gobierno puede intervenir para crear las condiciones que permitan lograr una economía sólida y una sociedad igualitaria, que utilice con eficacia los recursos naturales, económicos y humanos disponibles para cubrir las necesidades y asegurar el bienestar de todos. La pobreza es un indicador del fracaso de los gobiernos en este ámbito. A pesar del rápido crecimiento experimentado en varios países en vías de desarrollo durante las últimas décadas, más de mil millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema, y las desigualdades están aumentando en todo el mundo.

El Banco Mundial se ha comprometido a lograr los dos objetivos de eliminar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad común. Estos objetivos van de la mano con la igualdad de oportunidades y la participación incluyente de todos los segmentos de la sociedad en las esferas económicas y sociales. La pobreza suele ser mayor en los grupos tradicionalmente marginados, y diversas formas de discriminación pueden reducir enormemente las posibilidades de aliviarla.

La vía más sostenible para acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad común es crear una sociedad integradora, que permita a todos, incluidos grupos tradicionalmente marginados como las minorías étnicas, religiosas y de otros tipos, tener las mismas oportunidades de participar en la economía y beneficiarse de ella. Los gobiernos tienen un papel crucial a la hora de crear las bases de la igualdad de oportunidades, mediante la eliminación de leyes, normas y políticas que ejercen una discriminación activa contra ciertos grupos y mediante la aprobación y la promoción de mecanismos que refuercen la puesta en práctica de leyes antidiscriminación.

La prosperidad no consiste solo en aumentar y distribuir la riqueza. El bienestar humano tiene dimensiones sociales, culturales, éticas y espirituales. La diversidad y las perspectivas adicionales que aportan los grupos que hoy están marginados pueden, cuando se les permita la plena expresión y participación, enriquecer la comunidad y la sociedad y favorecer la prosperidad colectiva. La igualdad de oportunidades no solo evita el desperdicio de capacidades y recursos humanos, sino que también abre la posibilidad de alcanzar niveles todavía mayores de bienestar social y económico.

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[1] De un estudio llevado a cabo por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, citado en, Azfar, Knack y Lee (2001).

[2] Financial Times (9 de marzo de 2015).