La igualdad de oportunidades como un motor de la prosperidad: el caso de Irán
Augusto Lopez-Claros1
La marginación económica de las mujeres y las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo es un problema generalizado en prácticamente todos los países del mundo. Hay pruebas económicas convincentes que demuestran que excluir a las minorías de la fuerza laboral no sólo socava la legitimidad de los gobiernos que practican diversas formas de discriminación, sino que también termina debilitando el potencial competitivo del país en un mercado cada vez más global e integrado. Gran parte de la evidencia empírica se ha centrado en cómo el trato desigual ante la ley y la violación de los derechos humanos de las personas que esto implica han afectado negativamente a varias métricas de bienestar y desarrollo humano.
Tal vez el ámbito que ha contribuido más hasta ahora al entendimiento general es el de la discriminación de género. En el Banco Mundial durante la última década construimos una enorme base de datos que enumera exhaustivamente esas discriminaciones integradas en la legislación de 190 países y descubrimos que están asociadas con diversas disfunciones sociales y económicas. Cuanto más generalizadas sean las discriminaciones, menor será el número de niñas que asistan a la escuela secundaria en relación con los niños, menor será la tasa de participación de las mujeres en relación con los hombres, menor será el número de empresas dirigidas por mujeres y mayor será la brecha salarial de género. Estas discriminaciones implican una mala asignación de recursos masivos y, por lo tanto, socavan el potencial de productividad y crecimiento de un país. Aprovechar esta rica base de datos y otros conjuntos de datos actualizados como el Índice de Gobernanza e Igualdad de Género proporciona una perspectiva completa sobre la situación de la discriminación de género en 158 países, centrándose en áreas tales como el emprendimiento, el trabajo, la educación y el marco legal y es notable que Irán ocupa el puesto 157, ligeramente por delante de Afganistán, destacando el enorme costo económico que soporta la economía iraní como resultado de la subyugación de sus mujeres.
Desafortunadamente, las violaciones de los derechos humanos en Irán no se limitan al espacio de género. El gobierno iraní tiene una larga historia de discriminación contra los miembros de la comunidad bahá'í, la minoría religiosa no musulmana más grande de Irán. La lista de abusos es tan grande como deprimente y pone de relieve hasta qué extremo ha estado dispuesto el gobierno a llegar para estrangular a la comunidad bahá'í económica y socialmente. Los bahá’ís son excluidos de empleos gubernamentales desde los años inmediatamente posteriores a la Revolución. A los bahá'ís también a menudo se les deniegan licencias por lo que no les es permitido abrir sus propios negocios. Los miembros jóvenes de la comunidad son excluidos de las universidades públicas, y se expulsa a los estudiantes universitarios que se descubra que son bahá’ís.
Las casas y negocios de bahá'ís son allanados por agentes del gobierno, y sus propiedades a menudo son confiscadas sin compensación. Los lugares sagrados bahá'ís han sido profanados y destruidos. No se les permite enterrar a sus muertos de acuerdo con la ley bahá'í, y sus cementerios han sido vandalizados y destruidos. Los medios de comunicación patrocinados por el Estado de Irán difunden sistemáticamente propaganda destinada a incitar al odio contra la comunidad bahá'í de Irán. Esta propaganda utiliza a menudo a la comunidad bahá'í como chivo expiatorio para justificar el descontento económico y político en Irán, y se caracteriza por una serie de acusaciones infundadas como espionaje, promiscuidad, desviación sexual, rebelión armada, lavado de cerebro, prácticas esotéricas, oposición al gobierno, amenazas contra la seguridad nacional, blasfemia y animosidad hacia el islam.
Ha habido un reciente aumento en este tipo de propaganda: la Comunidad Internacional Bahá'í informa que en 2010-11, cada mes aproximadamente 22 publicaciones anti-bahá'í aparecieron en medios de comunicación patrocinados por el Estado. En 2018-20 el número de publicaciones anti-Bahá'í había aumentado a alrededor de 740 por mes, lo cual requiere un verdadero ejército de escribas contratados para difundir odio y falsedades. Los bahá'ís son detenidos y encarcelados de forma rutinaria. En 2020, el número de personas a la espera de juicio, apelación, sentencia o el inicio de sus condenas superaba las 400.
Un ejemplo más reciente de este tipo de persecuciones es el caso de varias decenas de familias que viven en la aldea de Ivel, en el norte del país, quienes hace unos meses recibieron una sentencia de expropiación de sus tierras de cultivo y viviendas después de largos intentos de demostrar a las autoridades provinciales y nacionales que eran los legítimos propietarios y que habían residido en Ivel durante varias generaciones desde la década de 1860. El artículo 49 de la Constitución de Irán permite al gobierno confiscar bienes "ilegítimos" obtenidos a través de "usura, usurpación, soborno, malversación, robo, juegos de azar," etc. y el gobierno utilizó esto para justificar estas expropiaciones ilegales. En la larga historia de acoso, estos abusos locales a menudo preceden a prácticas que luego se implementan a nivel nacional y que degeneran en una mayor estrangulación de la minoría bahá'í.
La prosperidad y el desarrollo económico consisten en mucho más que aumentar el ingreso per cápita. El bienestar humano incluye dimensiones sociales, culturales, éticas y espirituales. La diversidad y otras perspectivas frecuentemente aportadas por grupos marginados pueden, cuando se les da la oportunidad de expresión y participación, enriquecer a la comunidad y a la sociedad. Eliminar todas las formas de discriminación y dar a las personas igualdad de oportunidades no sólo impide una pérdida masiva de recursos y capacidades humanas, sino que abre el camino para mayores niveles de prosperidad y otras manifestaciones del desarrollo humano.
Sería de enorme beneficio para los 84 millones de ciudadanos de Irán que las autoridades reconsideraran sus prioridades nacionales y redirigieran los recursos nacionales hacia fines más nobles, como el alivio de la pobreza y la reconstrucción de la deteriorada estructura productiva del país. Avivar el odio e incitar a la población contra una minoría religiosa que no tiene ambiciones políticas, que tiene una larga historia de respeto a la ley y que valora la convivencia pacífica con sus conciudadanos, es destructivo para la riqueza nacional.
Sin duda, la publicidad adversa y la frecuente condena internacional a estas graves violaciones de las obligaciones de derechos humanos que Irán ha asumido han contribuido al estatus de paria del país en la comunidad internacional. Han desalentado la inversión extranjera y la transferencia y conocimiento de tecnología que a menudo la acompañan y, por lo tanto, han postergado indefinidamente la modernización de la economía iraní. Han creado un ambiente altamente hostil para la iniciativa privada y el desarrollo dentro del país, como lo demuestra el puesto nº 127 que ocupa Irán de 190 países en el informe Doing Business del Banco Mundial, por debajo de Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Mongolia y Cisjordania y Gaza. El costo económico para Irán ha sido enorme, como lo indica el hecho de que el ingreso per cápita de Irán en 2019 era aproximadamente el mismo que el de Gabón y Guinea Ecuatorial y alrededor de un tercio de los países de Europa Central y Oriental que todavía estaban operando bajo las restricciones de los planes centrales de inspiración soviética hasta principios de la década de 1990.
Si los gobiernos no tienen el incentivo de tratar a sus ciudadanos de manera justa y de maneras que sean consistentes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, si no aceptan el argumento moral para la igualdad de oportunidades, entonces al menos deberían hacerlo por razones de eficiencia, como una forma de crear condiciones económicas que mejoren el clima de inversión y conduzcan a mejoras en la productividad y el alivio de la pobreza. La tasa de pobreza de Irán ha aumentado considerablemente desde 2013, y millones de personas han caído por debajo del umbral de pobreza.
El camino más sostenible para poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida es mediante la creación de una sociedad inclusiva, permitiendo a todos, incluidos los grupos tradicionalmente marginados como las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo, la misma oportunidad de participar y beneficiarse de la economía. Las discriminaciones que resultan en un empeoramiento de las disparidades de ingresos sólo alimentarán la desafección social y la inestabilidad política. Los gobiernos tienen un papel fundamental en la creación de una base para la igualdad de oportunidades, tanto mediante el desmantelamiento de leyes, reglamentos y políticas que discriminan activamente a ciertos grupos, como mediante la adopción y promoción de mecanismos que mejoren la aplicación de la legislación contra la discriminación.
Irán no podrá volver a una senda de desarrollo sostenible que garantice una transición gradual hacia una economía más eficiente y diversificada, que reduzca su dependencia del petróleo y genere un crecimiento equitativo, mientras su gobierno siga maltratando a sus minorías y no reoriente sus energías y recursos a la creación de un entorno que fomente el emprendimiento, que dé voz a las personas, que garantice progresos sustanciales en el alivio de la pobreza y que señale que la igualdad de oportunidades para todos es un requisito previo para la prosperidad futura.
