Nueve razones por las que la corrupción destruye la prosperidad humana


En un blog anterior, hablamos de las fuentes de corrupción, los factores que han hecho de ella un poderoso obstáculo que impide un desarrollo económico sostenible. Indicamos que las regulaciones disfuncionales y excesivas y las políticas mal formuladas, a menudo, crean incentivos para que tanto los individuos como las empresas las esquiven mediante el pago de sobornos. Ahora vamos a ver las consecuencias de la corrupción, para comprender mejor por qué es destructora de la prosperidad humana.

En primer lugar, la corrupción merma los ingresos públicos y, por tanto, limita la capacidad del gobierno de invertir en áreas impulsoras de la productividad. Cuando la corrupción es endémica, los individuos piensan que pagar impuestos es una propuesta económica cuestionable. Existe una delicada tensión entre el gobierno como recaudador de impuestos, por un lado, y las empresas y los individuos como contribuyentes, por otro. El sistema funciona razonablemente bien cuando los contribuyentes sienten que hay buenas probabilidades de tener compensaciones en el futuro, por ejemplo con mejoras en las infraestructuras del país, mejores escuelas y una fuerza laboral mejor formada y más sana. La corrupción sabotea ese contrato implícito. Cuando se permite que florezca la corrupción, los contribuyentes se sienten justificados para encontrar formas imaginativas de eludir pagar impuestos o, peor aún, empezar a pagar sobornos, ellos también.

La corrupción, en la medida en que disminuye los ingresos, influye negativamente en los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza. El dinero que se escapa del presupuesto debido a la corrupción no puede utilizarse para aliviar los problemas de los pobres. Por supuesto, la corrupción también debilita los argumentos de quienes dicen que la ayuda exterior puede ser un factor importante en la lucha contra la pobreza mundial; ¿por qué los contribuyentes de los países ricos van a tener que seguir sosteniendo el lujoso estilo de vida de los cleptócratas en Estados corruptos?

En segundo lugar, la corrupción distorsiona la toma de decisiones relacionada con proyectos de inversiones públicas (Tanzi y Davoodi, 1997). Los grandes proyectos de financiación proporcionan tentadoras oportunidades de corrupción. Los gobiernos a menudo emprenden proyectos de más dimensión o complejidad de lo que se justifica por las necesidades del país. Como consecuencia, la inversión pública es más elevada: el mundo está lleno de esqueletos de grandiosos proyectos inútiles y abandonados, construidos muchas veces con créditos externos y que representan una pesada carga para unos presupuestos limitados. En una situación de recursos escasos, los gobiernos deciden que es necesario recortar gastos en otros ámbitos, a veces en áreas de gran importancia social o en operaciones de mantenimiento. Tanzi (1998) afirma de forma convincente que la corrupción también reduce el gasto en sanidad y educación porque esas son áreas en las que pueden ser más difíciles los sobornos, si bien algunos han argumentado que el absentismo de los proveedores, que es un grave problema en los sectores educativos y de la sanidad de muchos países, es en sí mismo una forma de “corrupción discreta o silenciosa”.

En tercer lugar, existen pruebas empíricas sólidas de que, cuanto más elevado es el nivel de corrupción de un país, mayor es la proporción de su economía que se hace subterránea, fuera del alcance de las autoridades fiscales. No es extraño que muchos estudios hayan demostrado que la corrupción también socava las inversiones extranjeras directas (IED), porque actúa de forma indistinguible de un impuesto; en igualdad de condiciones, los inversores siempre preferirán establecerse en países menos corruptos. Wei (2000) revisó datos de IED de 14 países inversores en 45 países receptores y llegó a esta conclusión: “Un incremento en el nivel de corrupción como del de Singapur hasta el de México equivale a aumentar el tipo fiscal en 21-24 puntos porcentuales”.

En cuarto lugar, la corrupción desanima el desarrollo y la innovación en el sector privado y estimula la ineficacia. Los empresarios que comienzan llenos de ideas brillantes se sienten intimidados por los obstáculos burocráticos, los costes financieros y las cargas psicológicas que acarrea poner en marcha nuevos negocios, y acaban optando por llevarse sus ideas a otro país menos corrupto o, con más probabilidad, se dan por vencidos. En cualquier caso, el crecimiento económico sufre un grave perjuicio. Un nivel elevado de corrupción representa una carga financiera adicional para las empresas, que debilita su capacidad de competir en el plano internacional. A diferencia de un impuesto, que es conocido y previsible y puede incorporarse a la estructura de costes de la empresa de manera ordenada, los sobornos son imprevisibles, y complican el control de gastos, reducen los beneficios y socavan la eficacia de quienes tienen que pagarlos para poder seguir operando. Mauro (1995) utilizó varios índices de corrupción y eficacia institucional para demostrar que la corrupción reduce las inversiones y, por tanto, el crecimiento económico.

En quinto lugar, la corrupción contribuye a una mala utilización de los recursos humanos. Para sostener un sistema corrupto, los funcionarios y los que les pagan deben dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar ciertas habilidades, cultivar determinadas relaciones y construir una serie de instituciones y sistemas opacos de apoyo, como transacciones en negro, cuentas bancarias secretas y otras cosas similares. Los estudios han demostrado que, cuanta más corrupción hay en un país, más tiempo tienen que dedicar las direcciones de las empresas a asegurar el cumplimiento de las normas, evitar sanciones y lidiar con el sistema de sobornos que las sustenta, unas actividades que desvían la atención y los recursos de la producción, la planificación estratégica, etcétera.

En sexto lugar, la corrupción tiene unas consecuencias preocupantes en la distribución. Los trabajos empíricos han demostrado que contribuye a empeorar la distribución de rentas. Gupta, Davoodi y Alonso-Terme (1998) han demostrado que la corrupción, al rebajar el crecimiento económico, incrementa visiblemente la desigualdad de rentas. También distorsiona el sistema impositivo porque los ricos y poderosos pueden utilizar sus conexiones para garantizar que les sea favorable. Produce una selección ineficaz de los objetivos de los programas sociales, muchos de los cuales adquieren unas características regresivas y benefician de forma desproporcionada a las rentas más altas; por ejemplo, los subsidios a la gasolina para las clases medias poseedoras de automóvil en India.

En séptimo lugar, la corrupción genera incertidumbre. Una transacción en la que intervengan sobornos no genera unos derechos de propiedad que se puedan hacer respetar. La empresa que obtiene una concesión de un funcionario como consecuencia de un soborno no puede saber con certeza cuánto va a durarle esa ventaja. Es posible que haya que renegociar constantemente los términos del “contrato” para prorrogar la vigencia de las ventajas o impedir que queden anuladas. De hecho, el autor del soborno, que ha infringido la ley, puede caer presa de una trama de extorsión de la que le sea difícil liberarse. En un entorno incierto y con derechos de propiedad inseguros, la empresa estará menos dispuesta a invertir y planificar a largo plazo. La estrategia preferida será la atención a corto plazo para maximizar los beneficios inmediatos, aunque eso conduzca, por ejemplo, a la deforestación, o al rápido agotamiento de recursos no renovables.

Esta incertidumbre es en parte responsable de una perversión de los incentivos que impulsan a los individuos a aspirar a ocupar un cargo público. Cuando la corrupción campa a sus anchas, los políticos intentan mantenerse en su cargo todo el tiempo posible, no porque estén ni remotamente sirviendo al bien público, sino porque no quieren ceder a otros los beneficios pecuniarios de su posición de poder. Cuando quedarse más tiempo en el cargo no es una opción, el nuevo gobierno querrá robar todo lo posible lo más rápidamente posible, dado que la ventana de oportunidad es relativamente breve.

En octavo lugar, como la corrupción es una forma de traicionar la confianza, disminuye la legitimidad del Estado y la talla moral de la administración a ojos de la población. Aunque se hagan esfuerzos para envolver las transacciones corruptas en el secreto, en particular cuando las oportunidades de sobornos estén ligadas a alguna iniciativa inspirada por el gobierno, los detalles importantes se filtrarán y mancharán la reputación del gobierno, de forma que dañarán su credibilidad y limitarán su capacidad de ser un agente de cambio constructivo. Los gobiernos corruptos tienen muchas más dificultades para hacer respetar los contratos y los derechos de propiedad de forma creíble.

La novena consecuencia es que el soborno y la corrupción llevan a otras formas de delitos. Como la corrupción genera corrupción, tiende a desembocar pronto en la creación de mafias y grupos de crimen organizado, que utilizan su poder económico para infiltrarse en negocios legales, intimidar, crear redes de protección y un clima de miedo e incertidumbre. En los Estados con instituciones débiles, la policía puede verse sobrepasada, y eso hace que haya menos probabilidades de atrapar a los delincuentes. Eso, a su vez, anima a más gente a corromperse, lo que debilita todavía más la eficacia de las fuerzas del orden, en un círculo vicioso todavía más nocivo para el clima inversor y para el crecimiento económico. En muchos países, a medida que la corrupción engendra mafias y crimen organizado, la policía y otros órganos del Estado pueden también convertirse en delincuentes. Para entonces, las empresas no solo tienen que negociar con burocracias infestadas de corrupción sino que son vulnerables a ataques de empresas rivales, que pagan a la policía o los inspectores fiscales para que las acosen y las intimiden.

No hay límite para lo que la corrupción, una vez desatada, puede socavar la estabilidad del Estado y la sociedad organizada. Los inspectores fiscales pueden extorsionar a las empresas; la policía puede secuestrar a inocentes y exigir rescates; el primer ministro puede exigir mordidas por asistir a reuniones; el dinero de la ayuda de otros paises puede desaparecer en cuentas privadas de altos funcionarios en paraísos fiscales; el jefe del Estado puede exigir que el dinero de determinados impuestos vaya a parar directamente a su cuenta personal. Las inversiones se paralizan, o, peor aún, la fuga de capitales conduce a la desinversión. En los países en los que la corrupción se entrecruza con la política nacional, pueden surgir centros de poder alternativos que rivalicen con el poder del Estado. Llegados a ese punto, las posibilidades de que el gobierno pueda verdaderamente hacer algo para controlar la corrupción desaparecen, y el Estado se convierte en una cleptocracia, el octavo círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante.

Otra posibilidad es que el Estado, para conservar su poder, escoja la guerra y sumerja el país en un ciclo de violencia. En cualquier caso, los Estados corruptos, fallidos o en trance de fracasar, son una amenaza para la seguridad de toda la comunidad internacional, “porque son incubadoras de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero, tráfico de personas y otros crímenes a escala mundial; es decir, problemas que van más allá de la propia corrupción” (Heineman and Heimann 2006).

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